En una democracia, las elecciones no se miden solamente por quien gana. Se miden, sobre todo, por quien pierde y cómo acepta la derrota dentro de los términos democráticos. Ahí está la verdadera prueba institucional. Ganar puede ser fácil cuando el viento sopla a favor. Perder con responsabilidad, sin incendiar el país, sin convertir la frustración en conspiración y sin transformar el fraude en estrategia política, es mucho más complejo.
Me explico. La denuncia de fraude electoral realizada por el presidente Gustavo Petro y repetida durante 24 horas por el candidato Iván Cepeda es probablemente la acusación más grave que puede hacer un gobernante en democracia. No cuestiona solamente a una entidad. No incomoda solamente a una campaña. No molesta solamente a un candidato. Cuestiona el mecanismo básico mediante el cual una sociedad decide quién gobierna. Por eso, la palabra fraude no puede usarse como desahogo, estrategia, consuelo emocional ni como herramienta para explicarle a una militancia por qué el resultado de las urnas no coincidió con sus expectativas.
El presidente Petro dice que hay bases comprobadas de un posible fraude. Habla de software modificado, de censo alterado, de cédulas aparecidas, de puestos y mesas aumentadas, de miles de mesas con votaciones imposibles y de una ventaja ubicada justamente donde, según él, estaría la irregularidad. Suena grave, técnico y muy escandaloso. Pero hasta ahora lo que ha presentado no prueba un fraude. Presenta una hipótesis, una sospecha y en especial una lectura torcida de datos electorales. Pero una hipótesis, incluso cuando la pronuncia un presidente en ejercicio, no puede pesar más que las pruebas.
Ese es el punto central. No si la Registraduría merece fe ciega, ya que ninguna autoridad electoral la merece en el mundo. No si el sistema colombiano es perfecto, puesto que no lo es y puede haber errores en una elección. De hecho, un cierto porcentaje de errores dentro de un rango estadístico predefinido es un indicador que usan los organismos internacionales de observación electoral para validar una elección. Comicios sin error humano alguno o resultados demasiado perfectos, son una bandera roja. Acá el punto es otro, y es que para decir que hubo fraude hay que probarlo. Y eso no es publicar una tabla de Excel, denunciar una cifra mal entendida o convertir una anomalía estadística en sentencia política.
La democracia sí permite desconfiar. De hecho, necesita ciudadanos desconfiados, testigos, reclamaciones, auditorías, observadores, veeduría, escrutinio y prensa que la cuestione. Lo que no puede aceptar es que la desconfianza sustituya la prueba. Porque en ese momento deja de ser control democrático y se convierte en propaganda de deslegitimación.
La primera confusión es sobre el censo. El presidente Petro ha insistido en que aparecieron alrededor de 885.000 cédulas adicionales. Esa cifra suena monumental, en especial porque es la diferencia que necesita para que su candidato Iván Cepeda no hubiera perdido en primera vuelta frente a Abelardo de la Espriella. Tiene el tamaño perfecto para alimentar una narrativa de robo. El problema es que no corresponde a lo que él dice. Los colombianos en el exterior ya hacen parte del censo electoral. No son un universo paralelo. No son una bolsa oculta de votantes, ni un ejército de cédulas esperando a ser activadas por un software maligno. Son ciudadanos habilitados que, por razones logísticas, pueden votar durante varios días en consulados.
Ahí aparece una de las trampas técnicas de esta discusión. La votación anticipada en el exterior no crea nuevos votantes. Organiza a los que ya existen. Como no se puede saber con exactitud qué día irá cada ciudadano al consulado, se hacen cálculos operativos sobre potenciales de asistencia, tarjetas electorales, puestos y mesas. Eso no modifica el censo. No duplica electores. No agrega votos. Sirve para que el proceso funcione. Confundir una proyección logística con un aumento irregular del censo no es una denuncia técnica. Es una equivocación técnica convertida en alarma política.
La segunda confusión es sobre el Divipole, la División Política Electoral, que es el archivo operativo que organiza la elección por puestos, mesas, ubicación, potenciales de votación, distribución territorial y logística electoral. El Divipole no es el censo. No es una base secreta de ciudadanos. No es el lugar donde aparecen o desaparecen cédulas. Es el mapa operativo de la votación, no la lista de quienes pueden votar. Confundir el Divipole con el censo es como confundir el plano de un estadio con la lista de personas que compraron boleta. Puede sonar parecido para quien no conoce el sistema, pero no es lo mismo y en una acusación de fraude, no distinguir lo básico destruye la acusación.
La tercera confusión es sobre el software. El software de preconteo no vota. No crea sufragios. No reemplaza jurados. No identifica ciudadanos. No firma formularios. No declara presidente. No convierte una derrota en victoria. Consolida y transmite información preliminar. El voto nace en la mesa, se cuenta por un jurado, queda en documentos físicos y luego pasa al escrutinio. Por eso, el centro probatorio de una denuncia seria no está en el relato del algoritmo, sino en la confrontación entre formularios, actas E-11 y E-14, reclamaciones y escrutinio.
Si Petro tuviera pruebas de fraude, el camino sería claro. Mostraría las mesas. Individualizaría los formularios. Compararía el E-14 físico con el dato transmitido. Probaría que el E-11 no respalda los votos depositados. Señalaría qué comisión escrutadora validó una inconsistencia. Entregaría los soportes a las autoridades. Le diría al país: aquí está la mesa, aquí está el acta, aquí está el votante que no existe, aquí está la diferencia, aquí está la manipulación. Eso sería una prueba. Lo demás es ruido.
No es menor el hecho de que ya existan documentos oficiales del escrutinio que permiten hacer justamente esa verificación. El formulario E-24 PRE contiene el cuadro de resultados del escrutinio por departamentos y consolidados, con 122.020 mesas a escrutar, 122.020 mesas escrutadas, cero mesas faltantes y escrutinio al 100 por ciento. Por eso se puede decir que dato mata alegato y previene el desacato.
El formulario E-26 PRE recoge el resultado general del escrutinio nacional. Esos documentos no cierran la posibilidad de revisar reclamaciones concretas, pero sí elevan el estándar de la denuncia. Y a estas alturas, quien diga fraude no puede hablar en abstracto. Tiene que mostrar cuál acta, cuál mesa, cuál formulario, cuál diferencia y cuál soporte documental contradice esos resultados.
Porque el ruido, en elecciones, no es inocente. Sirve para instalar una emoción antes de que llegue la verificación. Para que la militancia no pregunte por qué se perdió terreno, por qué falló la campaña, por qué no alcanzó, por qué se asustó el centro, por qué el gobierno llegó a la elección con desgaste, corrupción, improvisación, soberbia y una enorme dificultad para construir mayorías por fuera de su propia esquina política. La narrativa del fraude le ahorra a Petro una autocrítica y le permite decir “nos robaron” antes de tener que decir “nos equivocamos”.
Esa es la coartada perfecta de todos los caudillos. Convertir una derrota política en denuncia moral. Convertir el cansancio ciudadano en conspiración. Convertir el resultado adverso en una prueba de persecución. Convertir el voto del otro en una anomalía. Porque para el caudillo, cuando la ciudadanía vota por él, el pueblo despertó. Pero cuando el pueblo vota contra él, alguien lo engañó, lo compró, lo manipuló o lo metió fraudulentamente en una base de datos.
El famoso argumento de las 5.300 mesas muestra bien el problema. Decir que hay miles de mesas con más de 300 votos suena escandaloso. Pero 300 no es el límite legal universal de todas las mesas en Colombia. Hay mesas ordinarias con potencial de 360 votantes. Hay mesas en el exterior con dinámicas distintas porque la votación dura varios días y estos se suman. Hay puestos censo con potenciales excepcionales, especialmente en grandes ciudades. Hay contextos rurales, urbanos, consulares y logísticos que no pueden ser metidos en una misma tabla para producir una conclusión política prediseñada.
La pregunta seria no es cuántas mesas superaron los 300 votos. La pregunta seria es cuántas superaron su potencial legal. Cuántas tienen más votos que votantes habilitados. Cuántas tienen E-14 inconsistentes. Cuántas no coinciden con el E-11. Cuántas fueron reclamadas por testigos. Cuántas fueron corregidas o confirmadas en el escrutinio. Esa es la diferencia entre investigar y agitar. Entre auditar y manipular. Entre hacer una denuncia democrática y producir una cortina de fraude. Entre ser juicioso y hacer el oso.
Además, hay un dato incómodo para la narrativa presidencial: cuando se mira con cuidado, esas supuestas anomalías no son un bloque homogéneo que pruebe una operación masiva a favor de Abelardo de la Espriella. Hay mesas del exterior. Hay puestos con reglas distintas. Hay zonas donde las preferencias políticas explican concentraciones altas. Hay datos que requieren contexto. Y hay resultados atípicos que también favorecen en su 100 por ciento al candidato del Pacto Histórico.
El presidente Petro está obligado a actuar con responsabilidad institucional. No es un ciudadano cualquiera compartiendo sospechas a medianoche. Es el presidente de la República. Sus palabras no flotan en el vacío. Sus trinos mueven militancias, tensionan instituciones, asustan ciudadanos, tienen implicaciones jurídicas, excitan fanáticos y preparan el terreno para que millones de personas crean que cualquier resultado contrario a su deseo es ilegítimo.
Esa es la verdadera gravedad. No que Petro pida escrutinio. Eso es válido. No que exija garantías. Eso es necesario. No que quiera revisar mesas. Eso puede ser razonable. Lo grave es que llame fraude a lo que no es, atacando al registrador, al proceso, a los contratistas, al sistema. Lo grave es que presente como evidencia lo que, hasta ahora, no pasa de ser una mezcla de confusiones técnicas, datos descontextualizados y sospechas políticas. Lo grave es que un presidente use su autoridad para convertir una hipótesis débil en emoción nacional.
Y el candidato Iván Cepeda debería entenderlo mejor que nadie. Porque Cepeda ha construido buena parte de su vida pública defendiendo garantías, denunciando abusos y exigiendo límites al poder. Justamente por eso, no puede permitir que el poder de su propio sector convierta una derrota parcial en una conspiración nacional sin pruebas.
Y la crítica a Petro tampoco puede convertirse en cheque en blanco para Abelardo de la Espriella. Ganar una primera vuelta no autoriza a amenazar instituciones, hablar de fuerza o tratar la victoria como permiso para arrasar. La democracia no solo exige que el perdedor acepte reglas. También exige que el ganador asuma límites. Un país no se salva cambiando una paranoia por otra, ni una narrativa de fraude por una épica de fuerza. Se salva contando bien los votos y aceptando después lo que digan las reglas.
Colombia ya está suficientemente rota para agregarle esa carga. Llega a esta segunda vuelta cansada, furiosa, digitalmente intoxicada y moralmente dividida. Una parte cree que la izquierda quiere quedarse con el poder a cualquier costo. Otra cree que la derecha representa una amenaza existencial. En medio de esas dos ansiedades, la palabra fraude cae como gasolina en un fuego de emociones peligrosas.
Por eso hay que decirlo sin rodeos. Petro no tiene pruebas de fraude y está causando un daño institucional porque no es capaz de pensar más allá de sí mismo. La palabra de un jefe de Estado no puede operar como bodega emocional de una campaña. La democracia no puede quedar sometida al estado de ánimo de un líder que parece incapaz de aceptar que la realidad no siempre confirma su relato.
La democracia no se rompe solamente cuando alguien se roba una elección. También se rompe cuando un presidente convence a millones de personas de que se la robaron sin probarlo. Se rompe cuando la sospecha se vuelve identidad. Cuando la derrota se transforma en conspiración. Cuando la militancia prefiere una mentira útil a una verdad incómoda. Cuando los líderes protegen su ego antes que la confianza pública.
El fraude debe probarse. La derrota debe aceptarse. La victoria debe contenerse. Y en esta primera vuelta hubo casi 24 millones de colombianos que hicieron exactamente lo que les correspondía: salieron a votar en paz, aceptaron las reglas, depositaron su decisión en una urna y esperaron que la democracia funcionara. Esos ciudadanos, con todas sus diferencias, estuvieron a la altura del país, al igual que los 860.000 jurados.
Quienes no estuvieron a la altura de la democracia fueron tres colombianos con demasiada responsabilidad pública. El candidato perdedor de esa ronda, Iván Cepeda, que compró una narrativa de no aceptación de resultados que no estaba soportada en pruebas suficientes. El candidato ganador, Abelardo de la Espriella, que confundió victoria electoral con licencia de fuerza y habló de tomarse el poder incluso por encima del lenguaje democrático. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, que todavía no acepta que el fracaso de su gobierno puede terminar dejando como legado final la entrega del poder a la extrema derecha.
Esa es la verdadera cortina del fraude. Tapar con sospechas lo que las urnas han dicho con claridad política. Ocultar detrás de una denuncia falsa el balance de un gobierno que llegó prometiendo cambio y puede terminar entregando reacción. Porque si la extrema derecha llega al poder, no será solamente por la fuerza de su candidato, ni por la rabia de sus votantes, ni por el miedo de un país cansado. Será también por un gobierno que prometió detenerla y terminó abriéndole la puerta con escándalos de corrupción, improvisación administrativa, incapacidad de ejecución, desprecio por los técnicos, arrogancia frente a las alertas, desgaste moral y un presidente que confundió gobernar con narrarse a sí mismo como víctima.
Gustavo Petro quiso pasar a la historia como el hombre que cerró el camino de la extrema derecha y todo parece indicar que puede terminar siendo el presidente que se lo pavimentó. No por un fraude que no ha probado, sino por un gobierno que el país ha tenido que padecer: desordenado, soberbio, intoxicado de épica, incapaz de convertir esperanza en gestión y promesas de cambio en resultados. Eso sí es un fraude.
@yohirakerman; [email protected]
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