En Hamnet, la magnífica novela de Maggie O’Farrell, Agnes, la esposa de Shakespeare, se hunde en la culpa tras la muerte de su hijo. Mientras intentaba salvar a la pequeña Judith de la peste, el mortífero mal le arrebataba al gemelo, Hamnet. “No lo vi venir”, se repite. “Tenía que haberlo visto”.
Algo parecido ocurre hoy en Colombia. Durante semanas, sectores del centro político y buena parte del establecimiento concentraron todo su pánico moral en la propuesta de una Constituyente impulsada por Petro. La consideraban una herejía, la prueba reina de una deriva autoritaria, el comienzo del fin de nuestra maltrecha democracia. La propuesta era pésima e inviable, pero hay que reconocer que seguía el curso institucional diseñado en la propia Constitución. Esta semana terminó archivada por fortuna y para tranquilidad de todos.
Pero mientras estos sectores buscaban la fiebre en las sábanas, el verdadero veneno contra nuestro Estado de derecho se inoculaba por las venas de la sociedad a través de troles y algoritmos. El proyecto que sacó más de diez millones de votos y ganó la primera vuelta aniquila el espíritu de la Constitución, sus consensos básicos. Abelardo de la Espriella destila odio por las libertades civiles y los derechos que hemos desarrollado en estos 30 años.
Su proyecto va a la yugular de la Carta Magna. Basta leer sus propuestas (que son apenas titulares) y escuchar sus intervenciones. “Haré todo lo posible para destriparlos”, dijo refiriéndose a la izquierda, a la que también llamó una “plaga” que debía ser “erradicada”. Después explicó que se trataba de una metáfora política y aseguró que actuaría dentro de la Constitución y la ley. Pero su lenguaje ya intoxicó el debate público.
No se trata de un simple descache. Ese discurso convierte al adversario político en enemigo y erosiona el pluralismo, fundamento esencial de la Constitución de 1991. La democracia liberal parte de una idea elemental de que el desacuerdo es inherente a nuestra vida social. Hablar de destripar a una corriente política, en el país donde ya ocurrió un genocidio, en el que aún asesinan a candidatos, es una licencia para exterminar al otro de manera simbólica o incluso material.
Cuando De la Espriella afirma que defenderá la democracia “por la razón o por la fuerza”, o cuando llama “criminales”, “narcoterroristas” y “bandidos” a sus opositores políticos, revive una tradición que justifica los abusos de poder en nombre del orden y la salvación nacional. Exacerba el odio y el prejuicio que están en la base de nuestra persistente violencia.
De la Espriella desconoce abiertamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre derechos sexuales y reproductivos, y quiere imponer un modelo único de familia, lo cual es inviable jurídica y culturalmente. Aniquila la diversidad étnica al desconocer las consultas previas, esenciales a los derechos territoriales de las comunidades étnicas. Anuncia además que fumigará 330.000 cultivos de coca, desafiando a la Corte, que ya ha cuestionado esta estrategia por razones ambientales y de impacto social. Dice que retirará a Colombia de la OEA y otros organismos internacionales que “no dan plata”. Quizá porque desprecia los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que han sido parte de nuestro proceso civilizatorio.
Que tiemblen también los periodistas. La Fundación para la Libertad de Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa han advertido sobre posibles formas de acoso judicial contra comunicadores críticos. Entre 2008 y 2019, De la Espriella instauró 109 querellas por injuria y calumnia. Por no hablar del misterioso hackeo que sufrió María Jimena Duzán luego de un duro editorial sobre ese candidato; o la campaña de desprestigio que ha enfrentado La Silla Vacía por publicar una radiografía de sus empresas quebradas.
Pero quizá la dimensión más peligrosa sea su modelo de Estado. Detrás de la retórica patriotera aparece una visión contraria a los derechos sociales. Un Estado minimalista en lo social y maximalista en seguridad. Su apuesta por las fuerzas del mercado como garante del bienestar ignora que estas han producido una profunda desigualdad, lo que está en la base de todas nuestras violencias. La Constitución del 91 definió a Colombia como un Estado social de derecho y convirtió la salud, la educación, la cultura y la participación democrática en derechos universales, no en privilegios de mercado.
Su endurecimiento penal y la “extinción de dominio exprés” ponen en riesgo las garantías al debido proceso. Promete diez mega cárceles copiando el modelo de Bukele. Eso ya se probó en Colombia con las capturas masivas de la era Uribe, que hoy le cuestan al Estado miles de millones de pesos en indemnizaciones. También ha defendido el porte de armas para civiles y la militarización de la sociedad. En un país atravesado por décadas de paramilitarismo y guerra sucia, ese lenguaje despierta memorias históricas del horror.
A los defensores de la Constitución del 91 debería preocuparles que De la Espriella anuncie 90 decretos en el primer día de gobierno. Sencillamente prescindirá del Congreso. Eso no es una mera fantochada; muestra su falta de respeto al equilibrio de poderes que protege la Constitución.
Acabar con la JEP es otra puñalada trapera a la paz. El acuerdo tiene protección internacional, y su incumplimiento abre las puertas de la Corte Penal Internacional a varios generales de la República llamados a rendir cuentas. La cereza del pastel es la intervención abierta de Estados Unidos e Israel en nuestros asuntos. Antes de Trump nadie se había atrevido a mancillar tan descaradamente la soberanía política de Colombia, que está en el alma de la Constitución.
Lo verdaderamente desconcertante es que muchos sectores que durante meses vieron una amenaza existencial en la improbable Constituyente de Petro parecen no advertir el tamaño del proyecto político que hoy tienen enfrente. Se autodenominan liberales para repudiar los rasgos autocráticos de Petro, pero se lanzan sin pudor en los brazos de Abelardo.
Claro que eso es marginal frente al problema de fondo. La verdadera tragedia es que una parte importante del país parece haber normalizado un lenguaje político basado en la eliminación simbólica del oponente, el desprecio por los controles institucionales y la nostalgia de un orden sostenido en la fuerza bruta. Eso no es nuevo. Es el combustible de la guerra que tanto añoran un puñado de poderosos. Porque la Constitución del 91 es sobre todo un pacto de paz. La paz que no hemos alcanzando, y cuyos pocos avances ya quieren destripar.
6 comentarios
