El gerente jurídico que denunció irregularidades en el Fomag y ahora está a punto de quedar por fuera

El abogado Salomón Figueroa llegó al Fomag el 24 de noviembre de 2025. El joven jurista, que antes había pasado por la Superintendencia Nacional de Salud y la UNGRD, tenía un reto enorme: ordenar una casa por la que parecía haber pasado una manada de elefantes, emprender las acciones legales correspondientes y, sobre todo, ayudar a salvaguardar los recursos de los profesores del magisterio.

Figueroa llegó a la gerencia sin que se hiciera un empalme real con su antecesor. No recibió de manera ordenada procesos ni expedientes y, sobre todo, encontró un equipo que trabajaba en medio de la confusión, sin tareas claras y, en algunos casos, con duplicidad de funciones. Ese último aspecto suele ser un signo inequívoco de que algo huele feo en un despacho público: funcionarios y contratistas perdidos en sus labores, información incompleta o fragmentada y decisiones difíciles de rastrear.

Figueroa se puso manos a la obra, revisó pagos y analizó expedientes. Sin embargo, no fue una tarea fácil. Dentro de la entidad, como suele pasar en entidades cooptadas por intereses extraños, había funcionarios que se esforzaban en que la información permaneciera oculta, incluso para sus nuevos jefes.

En su labor de entender qué había pasado, Figueroa logró encontrar las actas de liquidación del modelo anterior. Allí aparecían obligaciones millonarias con antiguos operadores de salud del magisterio, compromisos que fueron firmados sin suficiente discusión del Consejo Directivo del Fomag y sin que los ministerios que lo conforman tuvieran claridad sobre el tamaño de la cuenta. El Fondo podía quedar obligado a pagar cerca de 1,2 billones de pesos sin los soportes requeridos.
A partir de esa revisión, Figueroa denunció penalmente al anterior gerente jurídico del Fomag, Camilo Barrera. La denuncia apuntaba a las actas de liquidación del modelo anterior de salud, que habrían sido firmadas sin suficiente control del Consejo Directivo, sin discusión en el Comité Jurídico y sin claridad plena de los ministerios, pese a que dejaban al Fondo comprometido por cerca de 1,2 billones de pesos.

Pero quizá uno de los grandes hallazgos fue el pago de la llamada prima Ley 91 o prima de mitad de año. En febrero de 2026 revelé, en una investigación publicada en CAMBIO, que una revisión interna en el Fomag había detectado pagos irregulares por más de 260.437 millones de pesos. Las alertas apuntaban a giros hechos a beneficiarios que no cumplirían los requisitos legales, pagos realizados pese a decisiones judiciales en contra y posibles cruces de información con abogados que estarían promoviendo reclamaciones sin el lleno de los requisitos.
El propio presidente Gustavo Petro, en uno de sus consejos de ministros, habló de “anillos de corrupción” alrededor de abogados y decisiones que estarían desangrando recursos del Fondo. El comunicado más reciente del Fomag elevó la cifra a 330.000 millones de pesos.

Figueroa impulsó la denuncia por esos pagos y ya hay procesos avanzando en Fiscalía y Procuraduría.
Otro caso de gran envergadura abordado por Figueroa fue el de Sumimedical y la plataforma Horus.
Horus Health es la plataforma tecnológica que soporta parte central del sistema de salud de los maestros. Allí se manejan procesos como citas, autorizaciones, facturación, información de afiliados y otros datos necesarios para la atención. Sumimedical es una prestadora de servicios de salud con sede en Envigado, Antioquia, que ha atendido afiliados del Fomag y ha recibido contratos millonarios dentro del sistema. La cercanía entre Jorge Rocha, representante legal de Sumimedical, y Jhon Mauricio Marín, expresidente de Fiduprevisora, fue evidenciada a través del trabajo periodístico de Paula Bolívar.

El 2 de marzo de 2025 revelé en CAMBIO una grabación de una reunión de directivos de Sumimedical. En ese audio se escuchaba a Jorge Luis Rocha, representante legal de la empresa, a Nicolás Quiceno, subgerente administrativo, y a Liliana María Villa, entonces coordinadora de cuentas, discutir una deuda de 2.650 millones de pesos con la IPS Universitaria y buscar una fórmula para pagar menos de lo adeudado. La propuesta era llevar la cuenta a cerca de 1.750 millones de pesos mediante una supuesta negociación 70/30, en la que la IPS asumiría una parte de la pérdida. El episodio mostraba el talante de una empresa que, al mismo tiempo, seguía recibiendo contratos millonarios dentro del sistema de salud del magisterio.

Según el Fomag, Sumimedical habría suspendido o degradado funcionalidades del sistema para presionar pagos, cancelado servicios de salud, trasladado afiliados entre IPS sin autorización y generado inconsistencias en registros de auditoría y valores de facturas. Desde la gerencia jurídica, Figueroa implementó acciones: exigió que la plataforma fuera instalada en servidores propios del Fondo, acompañó la denuncia penal por presunto constreñimiento y manipulación de información, y promovió la tutela que fue admitida el 21 de mayo de 2026 para proteger la salud, la vida, la integridad personal y el habeas data de 838.168 afiliados del magisterio.

El pasado 22 de mayo, Diego Andrés Salcedo, el nuevo presidente de Fiduprevisora, anunció que el contrato de Salomón Figueroa no sería renovado.

Este no es el primer embate contra Figueroa ni contra el equipo de Herman Bayona, vicepresidente de Fiduprevisora para el Fomag. En diciembre, cuando Bayona llevaba apenas un mes en el cargo, varios directivos recibieron comunicaciones en las que se les anunciaba la terminación de sus contratos. El movimiento ocurrió después de que ese equipo iniciara auditorías en las regiones, detectara problemas en la red de atención, en la entrega de medicamentos, facturas sin contabilizar, riesgos de pagos dobles y debilidades de supervisión. En su momento, la decisión causó malestar en el presidente Petro y terminó reversada.

El Fomag administra recursos de los maestros. Cada peso que se pierde en pagos irregulares golpea la salud, las prestaciones y la confianza de miles de docentes y sus familias.
Una vez más, la permanencia de este equipo está en manos del presidente Petro. Él tendrá que decidir si en el Fomag se protege a quienes investigan y denuncian o si, de alguna manera, terminan pagando por incomodar a alfiles de grupos políticos que han manejado durante décadas entidades en Colombia como feudos propios.