No paran los abusos en Ecopetrol. A tres meses de terminar el gobierno, Gustavo Petro está empeñado en destruir lo poco que queda del gobierno corporativo de la petrolera. En las últimas semanas se ha incrementado la presión para eliminar la representación en la junta directiva de los fondos de pensiones, que son los accionistas mayoritarios de los minoritarios, y tratar de remover de su asiento a César Loza, expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO) que pasó de apoyar al Gobierno Petro, y a Ricardo Roa, a criticarlos junto al pleno del sindicato. Esto, que fue reportado en Caracol Radio por este columnista, tiene un ingrediente adicional que he conocido en las últimas horas y que procederé a explicar en los párrafos siguientes.
Fuentes cercanas a la discusión explican que dentro de la propia compañía y de la junta directiva le han advertido al Gobierno que avanzar en una reforma de este tipo, con un gobierno cerca de terminar y en medio de un proceso electoral, podría generar riesgos jurídicos, financieros, reputacionales y políticos. El tema es tan serio que uno de los miembros no independientes de la junta directiva elaboró un análisis minucioso explorando las consecuencias de los cambios propuestos por Petro. El documento sostiene que esta reforma, que sacaría a Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones y eliminaría del todo esa representación en la junta, podría enfrentar demandas por vulnerar derechos de accionistas minoritarios, generar cuestionamientos por abuso de la posición mayoritaria del Estado y, lo que es aún más grave, exponer a los miembros de junta a eventuales responsabilidades jurídicas si las decisiones terminan siendo anuladas, como seguramente ocurriría si Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta.
El documento, que no es vinculante pero que sí deja una constancia, también alerta sobre posibles efectos financieros, reputacionales y políticos. Advierte que los mercados y las calificadoras de riesgo, que ya están preocupadas por la estabilidad fiscal y el manejo de la deuda del Gobierno colombiano, podrían interpretar una medida así como una interferencia política en el ya muy debilitado gobierno corporativo de Ecopetrol, afectando la confianza de inversionistas y el valor accionario de la empresa. Es apenas obvio que promover activamente estos cambios, con citaciones en el despacho presidencial en el Palacio de Nariño y a pocos días de la segunda vuelta, podría alimentar la narrativa de que el Gobierno solo busca asegurar el control de la petrolera antes de las elecciones. La recomendación del documento es clara: aplazar cualquier reforma hasta después del 21 de junio y, si se insiste en tramitarla, que se haga con soporte técnico, consultas regulatorias y legitimidad institucional.
La historia de César Loza, ex presidente de la USO y primer representante de los trabajadores en la junta directiva, que por cierto es un logro y un acierto del Gobierno, es la muestra perfecta de la actitud de Petro con quienes no coinciden con él en todos sus caprichos dentro de Ecopetrol. Loza, que al principio apoyó a Roa, votó en contra de su permanencia en la petrolera. Esto fue considerado como una afrenta personal por Petro, por Roa y por la señora Victoria Sepúlveda, vicepresidenta de Talento Corporativo de Ecopetrol y mano derecha de Roa. La orden del Gobierno, con el respaldo de Roa y Sepúlveda, es sacar a Loza de la junta directiva, a pesar de haber promovido su nombre activamente como representante de los sindicatos. Loza, de forma inteligente, se ha opuesto también a vender el Permian, el activo en Estados Unidos de Ecopetrol y que tan importante es para los resultados operacionales y contables de la iguana.
Finalmente, este 9 de junio se cumplen los 90 días que tiene la Fiscalía para presentar el escrito de acusación en contra de Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias en el caso del expolicía convertido en próspero empresario de los hidrocarburos Juan Guillermo Mancera. El escrito de acusación, según ha conocido este columnista, se presentará pronto. Estaremos pendientes a las pruebas que tiene la Fiscalía, así como al detalle de los hechos que hoy tienen a Roa a punto de encarar un juicio por tratar de favorecer a su amigo Mancera con un multimillonario negocio a través de Hocol, filial de Ecopetrol. Después de que se haga público el escrito de acusación, ¿insistirá el Gobierno en el retorno de Roa a la junta directiva?
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