La intervención de Iván Cepeda en el Primer Foro Ideológico de En Marcha causó revuelo mediático y muchos la interpretaron como el distanciamiento del Gobierno de uno de los dirigentes más destacados del Pacto Histórico. En realidad no dijo nada distinto a lo que ha venido sosteniendo hace tiempo. Cuestionó la conveniencia del discurso radical del gobierno en las calles y el Congreso y señaló que dificultaba la posibilidad de avanzar en el Acuerdo Nacional que el propio jefe de Estado ha planteado y que el senador promueve con entusiasmo. De igual manera, reiteró que no es el momento para hablar de una Asamblea Nacional Constituyente. Comparto esa posición.
Sin embargo, no deberíamos descartar de plano hacia el futuro la idea de construir un Acuerdo Nacional que pudiera eventualmente incluir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en el próximo periodo presidencial, que asuma la tarea de hacer las reformas estructurales pendientes que ha sido imposible aprobar por la vía del Congreso. Es claro que en la actual coyuntura política y cuando el Gobierno se acerca a la mitad de su periodo, la Constituyente es inviable e inoportuna. Además, innecesaria porque las reformas de salud, pensiones y laboral requieren leyes y no modificaciones constitucionales. Pero no es conveniente estigmatizar y cerrar por siempre las puertas a un mecanismo legítimo contemplado en nuestra carta política. A diferencia de la Constitución del 86, desde la Carta del 91 tenemos un procedimiento definido y reglado para su convocatoria y funcionamiento, que involucra a las tres ramas del poder público y a la ciudadanía. Requiere tanto tiempo que solo un gobierno que comience a trabajar desde el día siguiente de su elección puede lograrlo. Pretender hacerlo a estas alturas del mandato presidencial es una ilusión. Además, la Constituyente exige, sí o sí, un consenso social y político. No puede ser el fruto de la imposición de un sector de la sociedad sobre el otro.
Para nadie es un secreto que desde hace décadas hay un clamor nacional por sacar adelante reformas como la de ordenamiento territorial o la política y ha sido imposible en el Congreso. Han pasado 33 años y la promesa de la descentralización no se cumplió. La realidad es hoy totalmente opuesta. Vivimos un centralismo exacerbado, odioso y asfixiante que amenaza la unidad nacional. La nación se queda hoy con más del 80 por ciento de los ingresos corrientes y deja a los municipios y departamentos las migajas, menos del 20 por ciento. Es una situación insostenible. Si se quiere derrotar el centralismo y avanzar hacia una verdadera autonomía territorial, es necesario acudir a una Constituyente. Y con respecto al sistema político sucede igual. Desde hace más de 20 años que se aprobó la última reforma política, han fracasado una y otra vez los numerosos intentos de avanzar en la consolidación de una democracia más transparente, incluyente y eficaz. Una constituyente consensuada y con límites claros, como se prevé en el artículo 376 de la CN, que no implique la revocatoria del Congreso, se puede ocupar por un tiempo definido de dos o tres grandes reformas constitucionales, mientras el Congreso funciona con normalidad cumpliendo sus funciones legislativas, electorales, judiciales y de control político.
Todo esto parece un sueño o quimera mientras no se construya un acuerdo político de mínimos que implique que los sectores más diversos de la sociedad, como sucedió en 1991,comprendan que el país debe avanzar en algunos temas que se encuentran bloqueados desde hace décadas, no ahora con la oposición a Petro. El Gobierno Barco tras la crisis política en 1989, el recrudecimiento de la violencia y la caída de su reforma constitucional, abrió el camino de la Constituyente que posteriormente Gaviria concretó y ejecutó en 1991. Hoy Petro tiene la oportunidad de promover un diálogo nacional que conduzca eventualmente a un acuerdo que permita que el próximo gobierno, cualquiera sea el jefe de Estado, pueda convocar una Asamblea Constituyente acotada. Así en 2026 el debate de su convocatoria podría convertirse en un factor de unión y no de división, que facilite los consensos que tanta falta hacen hoy en Colombia. La Constituyente de Petro hoy es imposible, pero como lo hizo Barco hace 35 años, el actual jefe de Estado podría sentar las bases para que en el próximo cuatrienio se concreten las grandes reformas aplazadas por años y que son esenciales si queremos alcanzar la paz y la reconciliación en los territorios. ¿Será mucha utopía? Soñar no cuesta nada.
