Lo que hay detrás de la advertencia de la Corte por incumplimiento de fallos: ¿vendrán arrestos?

La Corte Constitucional lanzó un ultimátum al Gobierno y a todas las entidades que tienen como misión cumplir las órdenes que ese Alto Tribunal dicta: se están evaluando medidas drásticas para que se tomen en serio las sentencias como los desacatos y hasta eventuales arrestos de funcionarios.

Así lo dijo el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, quien hizo referencia específica a tres escenarios que preocupan a la Corte: el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en las cárceles del país que se ha reiterado varias veces desde 1998 y que en 2022 se extendió a las estaciones de policía; el ECI que se declaró desde 2017 por la crisis de la niñez wayuu en La Guajira; y la situación del sistema de salud en Colombia al que la Corte le hace seguimiento desde 2008.

Ante pregunta de CAMBIO, Reyes explicó en rueda de prensa en la Sala de Seguimiento que sobre el tema wayuu el Alto Tribunal ha venido haciendo sesiones técnicas para que las autoridades a cargo de resolver la crisis "entiendan que la Corte está vigilante y que, inclusive, estamos pensando en desacatos". 

"Lo que quiero decir es que la corte se está tomando en serio este asunto. No podemos seguir permitiendo simplemente que los niños, niñas de La Guajira se mueran de física hambre, o por temas de salud que son previsibles y están financiados y que están atendibles", señaló.

En ese caso específico, ya hay un incidente de desacato abierto desde noviembre de 2023, por lo que se esperan decisiones prontas. Los funcionarios que están allí bajo la mira son la consejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González; la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres; la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, entre otros.

En ese caso, la Sala señaló que no se ha cumplido con una orden que se dio para crear un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para superar el ECI, que tiene como objetivo garantizar el goce de derechos de las y los niños de la comunidad indígena al agua, la alimentación y la salud. Por eso, en noviembre se le advirtió a múltiples entidades que tenían un plazo urgente para hacerlo.

Ya desde ese momento, el magistrado Reyes ha indicado en sus votos que se deben tomar medidas más drásticas porque han pasado más de cinco años sin que se avance.

De otro lado, el vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, apuntó que la crisis en las cárceles no da espera y anticipó que se están revisando medidas más drásticas porque, por ejemplo, la sentencia que advirtió de la situación de hacinamiento en las estaciones de Policía y en las URI incluía unos plazos que ya se vencieron y la situación no ha mejorado.

"Ya ha pasado más de un año sin que esas decisiones se cumplan y, por lo tanto, necesitamos adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con las facultades y los poderes que el juez tiene para garantizar el cumplimiento de sus sentencias", señaló.

En ese sentido, Ibáñez hizo una crítica a la propuesta de eliminar algunos delitos del Código Penal porque realmente no tienen una incidencia para reducir el hacinamiento. Según contó, por el delito de supresión, alteración o suposición del estado civil solo hay una persona presa, del universo de 120.000 personas que están en las cárceles. 

En el caso del delito de emisión y transferencia ilegal de cheques, dijo Ibáñez, hay dos personas detenidas, mientras que por el delito de violación a la libertad religiosa no hay una sola persona en la cárcel. Sin hacer referencia al borrador del proyecto de ley que ya tiene el Gobierno para la humanización de las cárceles, Ibáñez anticipó que eliminar ese tipo de delitos no tiene un efecto real.

"Unas medidas de esa naturaleza no representan nada cercano al 0,001 por ciento para resolver el problema de hacinamiento", señaló. Tanto Ibáñez como Reyes dijeron que ha faltado voluntad del Gobierno para superar esta situación y recordaron que, por ejemplo, se le había hecho un exhorto al Gobierno para que incluyera medidas claves en el Plan Nacional de Desarrollo al respecto, que no fue atendido.

De hecho, el magistrado José Fernando Reyes recordó que la corte tumbó un aumento de pena que le hizo el Congreso al delito de homicidio en una sentencia de 2022 en la que advirtió que la política criminal del país debe tener en cuenta el tema de hacinamiento. "Mientras no haya un avance en el deshacinamiento, no daremos la protección constitucional a ningún aumento de penas. Esto lo tiene que tener en cuenta el legislativo, la sentencia C-383 de 2022 que dice eso".

Reyes señaló que la evaluación de desacatos, que pueden terminar en arrestos de servidores públicos, también se evaluará en el caso del seguimiento a la crisis de salud. La corte está en proceso de tomar decisiones sobre la UPC. "Yo creo que los jueces nunca quieren utilizar sus poderes coercitivos, pero saben que tienen que usarlos si es que así se obliga por las circunstancias", precisó.

El presidente de la Corte señaló que, a pesar de toda esta situación, la entidad seguirá haciendo el seguimiento a los ECI que se han declarado (que incluye también la situación de los firmantes de paz y los defensores de derechos humanos) y que, si es necesario, declarará más ECI.

"Alzaremos la voz todas las veces que sean necesarias y emprenderemos los desacatos como estamos a punto de hacerlo porque los avances no son evidentes", dijo.