El ‘regalito’ de un billón de pesos: el polémico proyecto del gobernador Verano en el Atlántico

En la Asamblea del Atlántico se prepara un ‘regalito’ que tiene a la ciudadanía de Barranquilla y del resto de los municipios del Atlántico en alerta, porque este afecta de manera directa los bolsillos de todos los habitantes del departamento, por medio del cobro en las facturas del servicio de energía.

La historia es que el pasado 10 de abril el gobernador del departamento, Eduardo Verano de la Rosa, radicó ante la mesa directiva de la Asamblea, el proyecto de ordenanza por medio del cual " se autoriza a la administración departamental para comprometer vigencias futuras excepcionales en el marco del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Área Metropolitana de Barranquilla y se dictan otras disposiciones”, dentro de los años fiscales de 2025 a 2034.

En palabras más sencillas: Verano quiere entregar en los próximos diez años un poco más de un billón de pesos que recauda el departamento para la inversión en los distintos municipios del área metropolitana de Barranquilla, si se tiene en cuenta que la facturación promedio de este concepto es superior a los 100.000 millones anuales.

Según datos de la misma gobernación, en 2020, por ejemplo, el recaudo por Tasa de Seguridad llegó a 107.000 millones de pesos, en 2021 fue de 130.041.455.946 pesos ; en 2022 141.351.208.558 pesos; y entre enero y septiembre de 2023 llegó a 119.147.175.915 pesos. Para un total cercano a los 500.000 millones de pesos, en los últimos cuatro años.

La disposición del gobernador de ceder los recursos, según fuentes consultadas, estaría determinada por la escasez que afronta la Alcaldía de Barranquilla, debido a sus grandes deudas; y al cumplimiento de acuerdos políticos hechos por Verano de la Rosa con Alex Char, actual alcalde de la ciudad, durante la campaña que lo llevó por tercera vez a la Gobernación del Atlántico. Situación que, aunque parezca difícil de probar, no es nada descabellada teniendo en cuenta lo determinante del peso de la casa Char en la votación obtenida por Verano.

Otro de los ‘moños del regalo’ es que la Tasa de Seguridad y Convivencia que se les cobra actualmente a los usuarios del servicio de energía en el Atlántico es uno de los montos adicionales de la factura que vienen siendo cuestionados por la ciudadanía y especialistas en el tema.

Así que con el proyecto presentado por Verano parece quedar en evidencia que la actual administración departamental no tendría ninguna intención en proponer el desmonte de la tasa, lo que redundaría en una disminución considerable del valor total que pagan los usuarios en el departamento.

El proyecto plantea que estas vigencias futuras serían invertidas en infraestructura, movilidad y tecnología y comunicación, con el objetivo de reforzar el trabajo contra la delincuencia que se concentra en los municipios del área metropolitana de Barranquilla, según quedó argumentado en el proyecto.

La inversión, según la propuesta, estaría detallada en 33 proyectos y 58 ítems, distribuidos entre la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.

“Verano distrae la discusión”

La discusión sobre las tarifas de energía en la región Caribe y de la Tasa de Seguridad en el Atlántico se terminó de avivar después de que el Gobierno Nacional anunció esta semana un paquete de medidas para enfrentar la emergencia climática del fenómeno de El Niño y garantizar al país la seguridad energética. Entre estas se habló de un cobro adicional para aquellos usuarios que consuman más kilovatios de un promedio establecido por la Comisión de Regulación de Energía y gas (Creg), lo que afecta a los habitantes del Caribe debido a sus condiciones climáticas.

El anuncio generó la respuesta del gobernador Verano, quien dijo, entre otras cosas, que castigar el consumo durante la temporada más caliente del año es un abuso hacia los consumidores y planteó otros aspectos, como la necesidad de una tarifa diferencial, el cobro por robos o pérdidas técnicas, ajustar el consumo mínimo y restablecer el subsidio focalizado.

El pronunciamiento de Verano, sin embargo, provocó una avalancha de críticas contra el gobernador porque muchos creen que mientras se queja de las acciones del Gobierno Nacional, desde el plano local no hace lo que debería hacer para disminuir el costo de las facturas.

Alfonso de la Cruz, analista político y quien ha venido estudiando el tema de las tarifas de energía, cree que Verano tiene la intención de distraer la discusión y su responsabilidad, porque solo con el desmonte del cobro de la tasa de seguridad y alumbrado público bajaría hasta en un 30 por ciento la factura para la gente en el Atlántico.

“Pero tu respuesta (Verano) es culpar al Gobierno nacional de un negocio que ayudaste a hacer y que hasta a ustedes les salió mal; ahora vas a comprometer por 10 años la tasa de seguridad. Han dicho que el proyecto aún no ha llegado a la Asamblea del Atlántico, ¿entonces de dónde salió este radicado? De hecho, tú lo firmas”, manifestó De la Cruz, quien hizo público el documento.

De la Cruz también le dijo a CAMBIO que el proyecto presentado por Verano viola el principio de Planeación y no cumple con los requisitos legales para ser aprobado por vigencias futuras extraordinarias, porque la ley es clara sobre el procedimiento y los elementos que hacen a las vigencias futuras extraordinarias.

Para la politóloga y líder del Comité Atlántico de los usuarios contra las altas tarifas de energía, Karol Solís, la gente del Caribe ya no aguanta más, por lo que señaló que Verano debe hacer lo posible para disminuir el valor de las facturas.

"Sugiero decir: Yo, como gobernador, reduciré y quitaré de la factura el cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana que contribuye hasta en un 30 por ciento o más en el costo de la factura. ¡No cobraré a los comerciantes e industria por rangos de consumo! Así mismo, retiraré de la Asamblea el proyecto que radiqué cuando la ciudadanía se movilizó el pasado 11 de abril y con el que pretendo entregar a la Alcaldía de Barranquilla un billón de pesos porque quedé empeñado en campaña", señaló Solís enviándoles un mensaje directo el gobernador.

En la Asamblea del Atlántico, la mayoría de los diputados no quieren hablar del proyecto de ordenanza y pareciera que nadie quiere cargar públicamente con el peso de que los ciudadanos del departamento sigan pagando por diez años más la Tasa de Seguridad y que de ñapa ese dinero sea administrado por Barranquilla. Sin embargo, en privado, el proyecto podría tener el respaldo necesario para ser aprobado.

La diputada Isabella Pulgar (Partido Liberal), quien ha sido una de las pocas voces que ha hecho críticas a la iniciativa de Verano, confirmó que el proyecto ya está en la Asamblea, que va a ser estudiado para poder tomar una decisión responsable y que le pidieron al gobernador que presente, paralelamente, una ordenanza que garantice los recursos para el resto de municipios que no hacen parte del área metropolitana porque allí también hay inseguridad y delincuencia. “Tuve la oportunidad de hablar con el secretario del Interior y se comprometió a enviarnos los porcentajes de cómo serían repartidos estos recursos en el área metropolitana y que, por fin, se logre hacer esa reunión que tanto he pedido con los alcaldes del área metropolitana, es algo necesario y justo”, señaló Pulgar.

El camino para la entrega del billonario ‘regalito’ parece estar despejado, así como ya ocurrió a comienzos de este año con un acuerdo firmado por Verano y Char, en el que el gobernador le cedió la administración de Barranquilla casi la totalidad de 78.000 millones de la misma Tasa de Seguridad, en lo que, para muchos, no fue más que el pago de la cuota inicial de su compromiso con el Clan Char.