¿Qué tipo de participación internacional es posible, deseable, aceptable y legítima en un proceso electoral? Apuntes para un debate

Usualmente se piensa que los procesos electorales son puramente internos, son de esos eventos en los que los ciudadanos de un país presuponemos que tenemos control absoluto. Es más, creemos que tenemos el deber de velar por mantener un nivel de inmunización frente a las influencias internacionales para que los resultados tengan niveles de legitimidad y credibilidad sólidos. Por ejemplo, desde el punto de vista legal, en muchos países está prohibido que actores internacionales contribuyan con dinero a la financiación de campañas políticas. La lógica de esa prohibición se basa en la idea de que ello desvirtuaría y desdibujaría la formulación clara de las preferencias de los votantes. Ese desdibujamiento hace que no consideremos ese tipo de intromisión extranjera como una práctica aceptable ni deseable. 

Especial Imaginar la Democracia

Pero en la medida en que se ha intensificado y profundizado la globalización, es cada vez más difícil pensar que las elecciones en un país están totalmente libres de influencia internacional. Son muchos los escenarios en donde las fuerzas políticas que participan en las competencias electorales interactúan persistentemente con actores internacionales y por ello, constantemente están siendo moldeadas por agentes y procesos de carácter global. Además, las decisiones que toman los electores en ocasiones están pensadas y atravesadas por variables de carácter internacional. Entonces no, las elecciones no son ni pueden ser un proceso puramente nacional. La pregunta entonces no es necesariamente si las elecciones se ven o no afectadas por factores de carácter internacional. Más bien, las preguntas claves son ¿cuáles son los efectos concretos que tiene este grupo de influencias internacionales en el funcionamiento y resultado de las elecciones? ¿qué tipo de influencia, participación, intromisión o intervención internacional es aceptable? ¿qué tipo es inevitable? ¿hasta dónde debemos y podemos tolerar la participación de actores internacionales en época de campaña sin que eso le reste legitimidad al resultado? 

En la medida en que se ha intensificado y profundizado la globalización, es cada vez más difícil pensar que las elecciones en un país están totalmente libres de influencia internacional

Es probable que todos estemos tentados a decir que cualquier tipo de intromisión internacional en un proceso electoral es absolutamente inadmisible, pero permítame el lector hacer el ejercicio de demostrarle cómo la premisa realmente no debería ser tan tajante y que, al contrario, parte del problema con el que tenemos que lidiar es justamente que muchas de las formas de influencia internacional en una campaña electoral están llenas de grises difíciles de catalogar. 

Empecemos entonces este análisis preliminar haciendo uso de ejemplos. En Argentina, el partido de Javier Milei, que se encontraba en minoría en el Congreso, necesitaba urgentemente ganar escaños para poder consolidar sus reformas económicas en la elección de octubre de 2025. Trump tomó la decisión a principios de ese mes de llevar a cabo un canje de monedas (un swap de divisas) por hasta 20.000 millones de dólares utilizando el Fondo de Estabilización cambiaria de su país. El objetivo era inyectar liquidez inmediata al Banco Central de Argentina para frenar la corrida contra el peso, bajar el riesgo país y estabilizar la economía justo antes de la votación. Trump, en una rueda de prensa en la Casablanca junto a Milei, declaró abiertamente que la continuidad del apoyo económico estaba sujeta a que el oficialismo ganara las elecciones legislativas. Claramente, esta forma de intervención en un proceso electoral podrá no ser ilegal, pero es, a lo menos, tremendamente cuestionable y a lo más, abiertamente opuesta a la idea de que las votaciones deben reflejar las preferencias, sin restricciones y/o incentivos impuestos, de los ciudadanos. Sin embargo, para darle contexto histórico a este fenómeno y no dejar la impresión de que este es solo un comportamiento de la derecha, es preciso recordar que, en su momento, Hugo Chávez también contribuyó con recursos a favorecer a varios de sus aliados políticos en la región. 

En su momento, Hugo Chávez también contribuyó con recursos a favorecer a varios de sus aliados políticos en la región

Veamos otro ejemplo. En Brasil, la disputa electoral ha estado marcada en los años más recientes por un enfrentamiento entre Lula y su partido, y los Bolsonaro (padre e hijo). El poder judicial de ese país se inició un proceso contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 que ganó Lula. Desde el inicio de las audiencias, Donald Trump defendió abiertamente a Bolsonaro, afirmando que los políticos deben ser juzgados por el pueblo en las urnas y no por los tribunales. Tras conocerse la condena definitiva del expresidente brasileño a más de 27 años de prisión, Trump declaró estar “muy sorprendido”, calificó a Bolsonaro de “buen hombre” y comparó el caso con su propia experiencia judicial en Estados Unidos, asegurando que era una persecución política idéntica a la que intentaron hacer contra él. Adicionalmente, el Gobierno estadounidense aplicó la Ley Magnitsky para sancionar a Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) que lideraba la investigación y el proceso contra Bolsonaro. Esta medida —diseñada originalmente para castigar a violadores de derechos humanos o terroristas— provocó que Itamaraty calificara la acción como la peor agresión en 200 años de relaciones bilaterales.

Como medida de presión económica para defender a Bolsonaro, Trump anunció la imposición de aranceles del 50 por ciento a los productos brasileros. Para cerrar con broche de oro, el secretario de Estado, Marco Rubio, adoptó una postura dura contra las autoridades de Brasil, calificando de “caza de brujas” el proceso y advirtiendo formalmente que Estados Unidos respondería “como corresponde” a las acciones del tribunal. En este caso, no solamente se intervino para favorecer a una fuerza política en particular sino que además se retó, por fortuna sin éxito, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas del Brasil. Como en el caso anterior, a todas luces se trató de un comportamiento inapropiado y violatorio de las reglas del juego democrático y del derecho a la no intervención en asuntos internos. 

Como medida de presión económica para defender a Bolsonaro, Trump anunció la imposición de aranceles del 50 por ciento a los productos brasileros

Preguntas claves

De nuevo, para no dejar la impresión de que esto es solo un comportamiento de Trump o de Estados Unidos, es preciso también recordar que en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre procesos judiciales en países de la región que tienen lugar en contra de sus aliados políticos. Ese es el caso de su intervención alrededor del caso de Jorge Glas en Ecuador (a quien le concedió la ciudadanía colombiana como parte de su estrategia para reclamar su libertad) o más recientemente, su declaración en favor de Evo Morales y su apoyo a las protestas populares en contra del gobierno de Rodrigo Paz. Sin embargo, aunque estas declaraciones atentan contra la autonomía de las instituciones democráticas en estos países, su impacto en los procesos electorales puede considerarse más indirecto. Ello, sin embargo, no convierte este comportamiento en uno más aceptable pero sí plantea una pregunta clave que tal vez no aplique necesariamente a estos casos pero que sí se deriva de ellos: ¿hasta dónde debe llegar la solidaridad con copartidarios o aliados ideológicos fuera de las fronteras nacionales? ¿hasta dónde debe llegar el deber de proteger a esos aliados, por ejemplo, en caso de que estén siendo objeto de abusos de poder? ¿no está el deber de proteger sus derechos por encima de la soberanía? ¿son sus aliados políticos los llamados a ejercer esta protección o debería ser ello más bien tarea de las organizaciones multilaterales? y si esas organizaciones no funcionan ¿están estos aliados ideológicos condenados a sufrir de los abusos y la falta de debido proceso?

Para no dejar la impresión de que esto es solo un comportamiento de Trump o de Estados Unidos, es preciso también recordar que en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre procesos judiciales en países de la región que tienen lugar en contra de sus aliados políticos

Pero las solidaridades transnacionales motivadas por las afinidades políticas e ideológicas también logran volver más porosa la línea que divide lo doméstico de lo internacional cuando se trata de procesos electorales. Desde hace mucho tiempo, los partidos políticos han construido alianzas con sus pares de otros lugares del mundo para apalancar su capital político interno. Tal vez uno de estos primeros intentos fue el de la Internacional Socialista (en su versión más reciente, creada en la posguerra en Alemania), una organización que agrupa a más de 130 partidos de tendencia socialdemócrata, socialista y laborista para coordinar sus esfuerzos en el plano internacional pero distanciándose de la propuesta soviética propia de la Guerra Fría. 

Las solidaridades transnacionales motivadas por las afinidades políticas e ideológicas también logran volver más porosa la línea que divide lo doméstico de lo internacional cuando se trata de procesos electorales

Más recientemente se han configurado redes transnacionales dedicadas a propulsar el ascenso de las nuevas derechas populistas o ultraderechistas en el Norte Global y se han expandido con rapidez al Sur Global. Como lo sugieren Ríos et. al. en un reciente paper para el proyecto del Conversatorio Latinoamericano, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), cuya versión original es desarrollada en Estados Unidos y a la que han asistido líderes como Milei y Bolsonaro, ya cuenta con varias ediciones realizadas en el continente, específicamente en Brasil, México y Argentina. La Fundación Disenso, vinculada al partido Vox, ha traído el Foro Madrid a Latinoamérica, con los denominados Encuentros Regionales, al tiempo que ha implementado, en conjunto con New Direction, el programa de formación ‘Jóvenes Líderes de la Iberosfera’. 

Como lo afirma el estudio y en esta misma línea, una investigación periodística de El País de España afirma que con la elección de Trump en Estados Unidos se han fortalecido los vínculos entre el Partido Republicano y centros de pensamiento de extrema derecha en ese país con sus pares en Hungría y partidos de extrema derecha del resto de Europa (en particular España, Italia, Francia), América Latina y África. Así es cómo organizaron en diciembre de 2023, en la emblemática sede del Senado de España, la Sexta Cumbre Transatlántica por la Libertad y la Cultura de la Vida. Una cumbre organizada por la ‘Red política por los valores’ a la que acudieron representantes sociales y políticos de más de 40 países. La cumbre fue auspiciada por la Fundación norteamericana Heritage, detrás del plan ‘2025’ que ha servido como hoja de ruta para las medidas impulsadas por el Gobierno de Trump, y por el Centro de Derechos Fundamentales de Hungría que ha estado al centro de la organización de ‘La Conferencia de Acción Política Conservadora de Hungría’ (CEPAC). Esta conferencia acoge, por su parte, a miembros del Partido Republicano estadounidense y que se ha convertido en la mayor cumbre de la derecha en el mundo. El Centro de Derechos Fundamentales era financiado directamente por el Gobierno de Viktor Orbán. Finalmente, en una conferencia a la que fui invitada en Italia, escuché en vivo y en directo a Liz Truss, exprimera ministra británica, hablar de la necesidad de traer una revolución trumpista a Europa. Se trata a todas luces de un proyecto transatlántico. 

Tanto en el caso de la izquierda como de la derecha, se entremezclan prácticas de internacionalización de las campañas que van desde el simple intercambio de ideas y de espaldarazos políticos, hasta procesos de financiación que no resultan del todo claros y que en muchos casos podrían bordear la línea de la ilegalidad. Como lo sugiere la discusión de todos los ejemplos anteriores, la mayor dificultad que plantea la discusión sobre el papel de los actores internacionales en el funcionamiento de la dimensión electoral de las democracias es justamente que cada vez es más difícil trazar una línea universal y gruesa que divida con claridad lo aceptable de lo inaceptable, lo legítimo de lo ilegítimo. Hay mucho de este fenómeno que se hace inevitable e incontenible gracias a la globalización, así que esta conversación debe tener un pie en los principios y las necesidades propias de las democracias, y otro en la realidad de un mundo altamente interconectado. 

Quedan además muchos escenarios adicionales por analizar: la participación de estrategas y compañías internacionales en el diseño y ejecución de las campañas de los candidatos, las reuniones de los candidatos con presidentes de otros países que abiertamente los respaldan electoralmente, el papel de las firmas multinacionales encuestadoras, el papel de testigos electorales internacionales, etc. La discusión tiene tanto de largo como de ancho, pero el que sea compleja no puede constituirse en obstáculo para estudiar con rigurosidad el efecto que estas variables están teniendo en nuestras democracias.