¿Quién manda en las altas cortes? La radiografía inédita de la élite judicial en Colombia

A lo largo de su Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha protagonizado varios desencuentros con las altas cortes. Sus críticas a decisiones de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han abierto un debate político intenso sobre los límites del poder presidencial, la autonomía judicial y el papel de los magistrados en la democracia colombiana.

En medio de esa discusión, unas preguntas aparecen con fuerza: ¿Quiénes son realmente las personas que han dirigido la justicia en Colombia? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron a esos cargos? ¿Qué universidades los formaron? ¿Qué tan cercanos están a las élites tradicionales del país?

Esas preguntas son precisamente el punto de partida de uno de los capítulos de ¿Quién manda en Colombia? Élites, poder y nación, publicado por Media Pluma. En el libro Jenny Pearce y Juan David Velasco Montoya, investigadores del London School of Economics and Political Science, construyen lo que probablemente es la radiografía más completa realizada hasta ahora sobre la élite judicial colombiana entre 1991 y 2022.

Los autores revisaron las hojas de vida de magistrados de las tres altas cortes y analizaron variables como sexo, lugar de nacimiento, universidades donde estudiaron derecho, posgrados, nivel educativo, publicaciones académicas, experiencia docente y trayectoria laboral. El objetivo era entender quiénes han controlado la justicia colombiana durante las últimas tres décadas y cómo se configuró un nuevo grupo de poder después de la Constitución de 1991.

“Sin la Constitución de 1991, esta élite judicial, tal como la conocemos hoy, difícilmente habría emergido”, sostienen los autores.

Velasco escribió para CAMBIO una sinopsis del capítulo.

La constelación de la élite judicial

La tesis del libro es provocadora. Antes de la Constitución del 91 existían jueces influyentes y juristas prestigiosos, pero no una élite judicial consolidada. Durante buena parte del siglo XX, el poder presidencial dominó el sistema político colombiano mediante estados de excepción permanentes, mientras la justicia permanecía debilitada, subordinada y muchas veces incapaz de hacer cumplir sus decisiones. La retoma del Palacio de Justicia no hubiera sucedido si los magistrados de aquella época hubiesen sido parte de las élites.

La nueva Constitución cambió completamente ese panorama. La creación de la Corte Constitucional, el establecimiento de la tutela, el aumento de competencias para ordenar al Congreso y el Ejecutivo que adopten medidas puntuales, la autonomía presupuestal de la Rama Judicial y el sistema de cooptación para elegir magistrados en la Corte Suprema y el Consejo de Estado terminaron creando un poder con una autonomía inédita en América Latina.

Desde entonces, los magistrados comenzaron a decidir sobre salud, pensiones, derechos de minorías, megaproyectos económicos, reelección presidencial, política antidrogas, desplazamiento forzado, aborto, matrimonio igualitario y hasta la captura de expresidentes, congresistas y gobernadores.

Las raíces del poder de la élite judicial no se encuentran en el control de recursos económicos o en la representación popular, sino en el monopolio de la interpretación del derecho y de la Constitución.

Es importante insistir en que la élite judicial no es homogénea. Ese es, quizás, uno de los principales aportes de la investigación: mostrar que la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado son mundos muy distintos entre sí.

La Corte Constitucional

La Corte Constitucional aparece como la corporación más liberal y progresista. Sus magistrados tienen mayores niveles de formación internacional, más producción académica y vínculos mucho más fuertes con universidades y centros de pensamiento.

Entre 1991 y 2022, la Corte Constitucional estuvo integrada por 42 magistrados. El 88 por ciento fueron hombres y apenas el 12 por ciento mujeres. Ningún magistrado afrodescendiente llegó a la corporación en esas tres décadas.

Uno de cada cuatro magistrados nació en Bogotá, y cerca del 64 por ciento provino de la Región Andina. Además, la mayoría estudió derecho en cuatro universidades privadas de Bogotá: Externado, Del Rosario, Javeriana y Los Andes.

El capital educativo de esta Corte resulta particularmente alto. El 64 por ciento realizó estudios de posgrado en el exterior, especialmente en Estados Unidos, España y Francia. El 38 por ciento obtuvo doctorados. Pearce y Velasco describen a la Corte Constitucional como una élite de “intelectuales jurídicos”. Muchos de sus magistrados no llegaron desde la carrera judicial tradicional, sino desde la academia, el litigio y las redes universitarias, muchas de ellas ligadas a la Universidad Externado y los Andes.

La Corte Suprema de Justicia

Muy distinto es el perfil de la Corte Suprema de Justicia. Allí, aparece una de las instituciones más abiertas a la movilidad social entre las élites colombianas. Por ejemplo, la Corte Suprema ha tenido 112 magistrados en el periodo analizado. Aunque sigue siendo predominantemente masculina —84 por ciento hombres—, presenta un perfil social y regional mucho más diverso que otras élites del país.

A diferencia de la Corte Constitucional, aquí predominan magistrados formados en universidades como la Libre, la Santo Tomás, la Gran Colombia, la Católica o universidades regionales. Aquí no dominan por tanto las universidades tradicionales de Bogotá.

Además, cerca del 65 por ciento hizo carrera dentro de la rama judicial antes de llegar a ser magistrado, y uno de cada cuatro comenzó desde cargos bajos como escribiente o auxiliar judicial.

La Corte Suprema es probablemente la institución del Estado colombiano que más ha permitido el ascenso de personas de clases medias y medias-bajas hacia posiciones de élite.

Un caso emblemático es el de José Luis Barceló, quien trabajaba de día y estudiaba derecho de noche antes de iniciar una larga carrera judicial. Trayectorias como esa muestran que la Corte Suprema funciona como una especie de “escalera”: un espacio donde abogados provenientes de ciudades intermedias y sectores medios pueden ascender hasta la cúspide del poder estatal.

También es una Corte mucho más regional. Bogotá representa apenas el 18 por ciento de los magistrados. Departamentos como Santander, Caldas, Boyacá y Tolima tienen una presencia muy fuerte, incluso superior a la que correspondería por tamaño poblacional.

Sin embargo, esta Corte adquirió enorme relevancia política cuando comenzó a investigar la parapolítica y, posteriormente, al ordenar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2020.

El Consejo de Estado

El tercer perfil corresponde al Consejo de Estado, Entre 1991 y 2022 tuvo 164 magistrados. Es la alta corte con mayor presencia relativa de mujeres: 22,6 por ciento. Sin embargo, sigue siendo una élite muy poco incluyente: apenas un magistrado afrodescendiente en tres décadas.

El Consejo de Estado tiene un perfil mucho más conservador y técnico. La mayoría de sus integrantes se especializó en Derecho Administrativo. Su formación está concentrada en universidades tradicionales como Externado y Del Rosario. Según nuestra investigación, el 15 por ciento de los magistrados tiene doctorado.

Esta corporación ha tenido enorme capacidad para frenar decisiones presidenciales y proyectos económicos multimillonarios. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue la suspensión del fracking en 2018.

¿Existen las dinastías familiares en la rama judicial?

El libro también desmonta uno de los lugares comunes más frecuentes sobre las élites colombianas: la idea de que el apellido siempre y en todo lugar define quién llega al poder.

En las altas cortes prácticamente no existen dinastías familiares comparables a las del Congreso o a los grandes grupos económicos. Aunque hay casos excepcionales –como las familias Reyes, Gaona o Hinestroza–, Jenny y yo sostenemos que la reproducción hereditaria del poder judicial es muy limitada.

Eso diferencia profundamente a la élite judicial de otras constelaciones de poder en Colombia.
Pero quizás el punto más útil para entender las tensiones actuales entre Gustavo Petro y las Cortes es que el libro no plantea relaciones estáticas entre los magistrados y el poder político.

Por el contrario, la relación cambia dependiendo de varios factores: la orientación ideológica del presidente, el presupuesto que recibe la rama judicial, el nivel de mediación de las universidades como centros de poder y algo que Jenny y yo describimos como formas de reconocimiento simbólico y cortesía política.

Eso incluye ceremonias públicas de posesión, consultas previas sobre proyectos de ley, participación conjunta en eventos diplomáticos, y reconocimiento público de la autonomía judicial.

Cuando esos canales y esos lenguajes de deferencia se fortalecen, las relaciones suelen ser más cooperativas. Cuando se rompen, aparecen choques abiertos entre presidentes y togados. El vínculo entre las Cortes y el Ejecutivo depende tanto de disputas ideológicas como de formas mutuas de reconocimiento institucional.

Los magistrados son élite mientras ocupan el cargo. Su poder no es permanente. Los periodos de ocho años les otorgan estabilidad y autonomía, especialmente al inicio de sus mandatos. Pero hacia el final suelen aparecer nuevas relaciones políticas, académicas y profesionales que transforman parcialmente las dinámicas internas del poder judicial.

Además, el sistema de cooptación en la Corte Suprema y el Consejo de Estado hace que muchos relevos ocurran entre magistrados auxiliares, comunidades académicas y redes internas de confianza. Eso produce continuidades, pero también renovaciones parciales del poder judicial.

En tiempos donde las discusiones sobre justicia suelen quedar atrapadas en debates acalorados, ¿Quién manda en Colombia? Élites, poder y nación propone algo distinto: entender quiénes son realmente las personas que han dirigido las altas Cortes, cómo llegaron allí y cómo se relacionan con las demás élites del país.

Más que alimentar polarizaciones, el libro ofrece herramientas para comprender cómo funciona uno de los poderes más influyentes —y menos estudiados— de la Colombia contemporánea. Estas apenas son pinceladas de una investigación mucho más amplia que profundiza en las constelaciones políticas, empresariales, tecnocráticas y gremiales que han moldeado el país desde 1991.