"Un gobierno de Abelardo de la Espriella sería de retroceso y de amenaza a los derechos de las personas LGBTIQ+"
Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, cuestionó al candidato Abelardo de la Espriella. "Nuestra vida no puede ponerse en riesgo ni someterse a retrocesos cada cuatro años por una ideología política", dijo. Entrevista.
CAMBIO habló con Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de las personas LGTBIQ+ en Colombia, a propósito de la contienda electoral y, en especial, sobre la candidatura del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella. Castañeda asegura que un gobierno suyo pondría en riesgo derechos ya adquiridos y hace un llamado de atención a los electores y a las Cortes para impedir un retroceso.
La voz de la comunidad LGBTIQ+, representada en campaña directamente por Claudia López y Juan Daniel Oviedo, se vuelve aún más importante si se tiene en cuenta que las Naciones Unidas acaban de hacer público el informe que el experto independiente Graeme Reid realizó luego de su visita a Colombia en 2025, sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. El informe expone que, si bien el país tiene uno de los marcos constitucionales, jurisprudenciales y normativos más avanzados de la región, hay "una desconexión persistente entre el reconocimiento formal y la protección efectiva en la práctica".
"Los elevados niveles de violencia letal y no letal –especialmente contra las mujeres transgénero–, así como una arraigada impunidad y violencia institucional y policial en algunos contextos, además de la importante disparidad entre territorios, siguen menoscabando el disfrute efectivo de los derechos. A estos problemas se suman una aplicación territorial desigual y la inexistencia de un sistema nacional de datos unificado y operativo que permita reflejar la magnitud y los patrones de la violencia, la discriminación y la exclusión", indica el informe.
Por ejemplo, el documento usa cifras de la Defensoría del Pueblo, que registró 65 asesinatos de personas LGBT en 2023, 52 en 2024 y 36 a principios de 2025; además de 185 denuncias por discriminación en el sector de la salud y 107 casos de barreras de acceso a la justicia en 2024. A su turno, la Fiscalía General registró 30 homicidios de personas transgénero en 2024 y otros 14 casos hasta el 20 de mayo de 2025, mientras que Caribe Afirmativo documentó 164 asesinatos de personas LGBT en 2024 y 689 casos de violencia sexual.
El documento recomienda poner en práctica los compromisos existentes en medidas de protección homogéneas y eficaces a escala territorial y señala: "Para salvar esta brecha se necesitará un liderazgo político constante, continuidad institucional, sistemas de datos sólidos e interoperables, una rendición de cuentas efectiva en materia de violencia y discriminación, y la participación genuina de las comunidades afectadas durante todo el ciclo de políticas".
CAMBIO: ¿Cuál es la percepción de la campaña de Abelardo de la Espriella en términos de derechos y propuestas?
Wilson Castañeda: Estamos altamente preocupados porque esta contienda electoral, a diferencia de las anteriores, tuvo un retroceso en propuestas y en ideas y un altísimo nivel de violencia y confrontación personalizada, donde se pusieron en jaque los asuntos de diversidad sexual y de género. Cuando ponemos la lupa hace cuatro años en donde también candidaturas polarizadas como la de Rodolfo Hernández, la de Federico Gutiérrez y la de Gustavo Petro, identificamos que todos coincidían, pese a que venían de orillas diferentes, con propuestas concretas para fortalecer derechos de personas LGBT. Pero en esta contienda electoral fue el tema ausente en todas las candidaturas.
Finalmente, solo tres la recogieron: las de Sergio Fajardo, Claudia López y la de Iván Cepeda, pero de manera muy poco estratégica, sin concreción. Además, encontramos que la violencia política en esta contienda electoral tuvo matices homofóbicos de dos tendencias: uno dirigidos concretamente hacia las dos candidaturas abiertamente LGBT de Claudia y Juan Daniel Oviedo, pero incluso encontramos que cuando querían, por ejemplo, contradecir a Abelardo de la Espriella, ponían en duda su orientación sexual. Entonces, nos preocupa la ausencia de hablar de estos temas, pero también el uso de la diversidad sexual y de género como una herramienta de violencia.
CAMBIO: ¿Qué más genera preocupación?
W.C.: Las pocas veces que los candidatos hablaron de derechos LGBT en esta contienda lo hicieron de manera populista indicando que iban a propiciar canales para replantear derechos adquiridos en Colombia como la adopción y el matrimonio igualitario en el caso de De la Espriella y en el caso de Paloma Valencia diciendo: 'No me voy a oponer, pero no estoy de acuerdo y no voy a hacer nada'. No hacer nada desde un cargo ejecutivo, obstruye.
Entonces la segunda preocupación es que usaron los avances LGBT en Colombia como herramienta para la discusión, asumiendo posiciones que son constitucionalmente imposibles, como decir que lo van a echar atrás. Y nuestra tercera preocupación es que, de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, es claro que De la Espriella tiene una propuesta homofóbica y transfóbica que ha asumido echar atrás los derechos adquiridos de personas LGBT. Eso no solamente es inconstitucional, sino que viola los principios del Estado Social de Derecho, y para nosotros una eventual presidencia suya pondría en altísimo riesgo la vida de las personas LGBT y no estaría respondiendo a emergencias que tenemos en Colombia como el crecimiento de la violencia y la ausencia de concretar derechos integrales para las personas diversas.
CAMBIO: De la Espriella ha dicho que no comparte el aborto o la adopción gay pero que van a respetar lo que ha dispuesto la Corte Constitucional. ¿Esto es suficiente? ¿Hay un temor por lo que podría llegar a hacer?
W.C.: Quiero dejar una claridad: en esta campaña política no se diferenciaron las propuestas de las opiniones ni de las ideas. Nosotros hicimos un análisis de los programas de gobierno y tuvimos una conversación con la Registraduría porque la norma no obliga a las candidaturas presidenciales a entregar programas de gobierno. El electorado no logró conocer con claridad sus propuestas, sus alternativas de gobierno, sino que todo el tiempo nos tuvieron en torno a opiniones que finalmente respondían a la calentura del momento. Dicho eso, con la pregunta que me hace, esa posición políticamente correcta de 'no estoy de acuerdo, pero no voy contra la Constitución y la ley', es un problema.
CAMBIO: ¿Por qué?
W.C.: La Corte Constitucional ha dejado en claro que, si bien los derechos de las personas LGBT están reconocidos y no pueden echarse hacia atrás, es importante reglamentarlos e implementarlos. Además, somos el país más violento frente a personas LGBT: en el año 2025 tuvimos 270 asesinatos. El informe de Naciones Unidas dice que en Colombia los derechos LGBT se logran por sentencias judiciales, lo que implica que tienen un gran reto de implementación que es responsabilidad del Legislativo y del Ejecutivo. La ausencia de esa responsabilidad hace que en Colombia no avancemos.
Esas posiciones de 'lo respeto, pero porque lo dice la Constitución', no son responsables de quien aspira a gobernar el país porque precisamente tiene que ejecutar, tiene que llegar a implementar acciones. Ya tenemos un ejemplo: Iván Duque recibe el gobierno nacional con una política nacional LGBT. Él dice: 'No estoy de acuerdo' y no hizo nada para eliminarla, pero tampoco la implementó. Entonces fueron cuatro años de bloqueo.
Se trata de una decisión irresponsable porque como su función es ejecutar, están advirtiendo que no harán nada para implementar una orden judicial y no hacerlo es igual a que la orden no existiera porque no sirve para nada.
CAMBIO: Hay varios panoramas. Que las personas pueden asumir que el candidato presidencial va a hacer algo sobre lo que opinó...
W.C.: Con un agravante: en una entrevista le preguntaron directamente por la adopción homoparental y él dijo que va a respetarla porque es una decisión de la Corte, pero que si hay un grupo significativo de colombianos que insisten revisarla, él se ofrece como instrumento. Ese ofrecimiento implica hacer uso del privilegio que le daría ser elegido presidente para presentar directamente solicitudes a la Corte Constitucional o al Congreso de la República para tomar decisiones en contravía de la sentencia. Entonces creo que ese asunto deja constancia de que va a materializar esa oposición y hará uso del privilegio que le da el cargo presidencial para tener un camino más expedito y bloquear derechos de personas LGBT.
CAMBIO: De otro lado, nuevamente se están poniendo en duda derechos adquiridos. Sucede cada cuatro años en elecciones tanto por los candidatos como, hay que decirlo, por las preguntas que les hacen los integrantes de los medios de comunicación, como si no fueran debates ya zanjados…
W.C.: Efectivamente es un cansancio. Cada vez que hay elecciones volvemos a algo sobre lo que ya hay claridad. Eso de que se vuelva a poner en discusión, y que los candidatos y las candidatas respondan, revela que no tienen claridad de qué significa el Estado Social de Derecho. En un Estado Social de Derecho no podemos tener retroceso en materia de derechos humanos. Que un candidato salga a proponer que un derecho adquirido debe ser replanteado, implica que está desconociendo la estructura misma del Estado que dice que los derechos son progresivos. Esto es un llamado de atención.
Las Cortes deben dejar constancia y recordarles a los gobiernos y al Legislativo que se puede legislar y que se puede gobernar desde las orillas políticas que representen, pero sin proponer echar atrás derechos.
CAMBIO: ¿Qué debe pasar estas tres semanas?
W.C.: Hay tres mensajes. El primero es que no estamos eligiendo sobre dos propuestas totalmente contrarias que nos están proponiendo un modelo de país contra o favor de los derechos humanos. Puntualmente, en lo que se refiere a personas LGBT, la constancia es que un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella será de retroceso y de amenaza a los derechos adquiridos para personas LGBT. Hay que ponerlo en ese nivel y es un llamado de atención para los electores LGBT, sus familias y aliados, sobre si quieren apoyar a un gobierno que, más allá de que les dé tranquilidad en otros temas, va a poner hacia atrás los derechos.
De otro lado, necesitamos una campaña política que hable de propuestas, que no haya ataques, que se dejen de usar los derechos humanos como moneda de cambio, que se entienda que atacar al otro por su orientación sexual es violencia política. En tercer lugar, necesitamos un gran frente nacional que deje en claro que hay unos mínimos, y aquí estoy pensando también en los derechos de las mujeres, en los derechos del medioambiente. Hay que exigir que no se ponga en riesgo el Estado Social de Derecho que tenemos.
CAMBIO: ¿Qué llamado le haría a Juan Daniel Oviedo?
W.C.: No solo a Juan Daniel sino también a Claudia López. Son dos personas abiertamente LGBT que han decidido hacer política; lo hicieron de manera creativa y valiente y lo apreciamos mucho porque eso es también poner la discusión del movimiento en un escenario que es importante. Ambos representan un electorado muy significativo y les invitaría a que la decisión que tomen los lleve a apoyar a una orilla que no signifique retroceso en materia de derechos LGBT.
Nosotros entendemos que Juan Daniel representa unos principios de centro derecha, que no necesariamente representan los derechos de las personas LGBT en su totalidad, pero aquí se trata de un asunto de humanidad y de dignidad y yo invitaría a Juan Daniel y a Claudia y también a candidatos como Sergio Fajardo para que no rodeen una campaña antiderechos.
En segundo lugar, haría un llamado al movimiento LGBT para que depositemos nuestro voto por quien garantice un respeto a nuestros derechos y no un retroceso y les exijamos a los candidatos que nos dejen en paz y que entiendan que nuestra vida no puede ponerse en riesgo ni someterse a retrocesos cada cuatro años por una ideología política.
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