La investigación secreta de Gloria Arizabaleta sobre la financiación de la campaña Petro

Hace unos días la representante del Pacto Histórico —hoy suspendida— Gloria Arizabaleta era reconocida públicamente más por la relación que tuvo en el pasado con Roy Barreras que por protagonizar grandes controversias nacionales. Hoy está cerca del desprestigio: cuestionada por algunos de los juristas más importantes del país, suspendida por la Procuraduría y denunciada penalmente por el presidente Gustavo Petro e investigada por la Corte Suprema de Justicia. Todo por un auto con el cual, la semana pasada, intentó suspender provisionalmente al jefe de Estado por presunta participación en política. Nunca había ocurrido en la historia reciente del país algo semejante. Ni siquiera los mejores periodistas del país podían explicar la escena. Lo que había detrás de esa pelea era mucho más jugoso que la discusión que ocupaba los titulares de prensa. Arizabaleta se había distanciado de varios pesos pesados de su partido porque en los pasillos de la Casa de Nariño corrían versiones según las cuales ella venía sosteniendo conversaciones con autoridades de Estados Unidos para avanzar silenciosamente en uno de los expedientes más sensibles para el petrismo: la financiación de la campaña presidencial de 2022 con presuntas fuentes prohibidas. CAMBIO revela la historia.

La mañana en que Arizabaleta firmó el auto para suspender provisionalmente al presidente, buena parte del país creyó estar presenciando un episodio de improvisación jurídica y, sobre todo, una jugada política. Los constitucionalistas discutían si una representante investigadora podía tomar semejante decisión. Los dirigentes del Pacto Histórico hablaban de un despropósito jurídico. La oposición sostenía que era una estrategia para permitirle a Petro hacer política a favor de su candidato, Iván Cepeda, y convertirlo en un mártir a pocos días de volver a las urnas. Mientras todos discutían sobre la suspensión, casi nadie reparó en un detalle mucho más importante: para ese momento Arizabaleta llevaba varios meses concentrada en una investigación completamente distinta.

Una semana antes de firmar el auto, la representante había dado una señal de lo que ocurría. El 3 de junio salvó voto dentro de la investigación que la Comisión de Acusaciones adelanta contra Gustavo Petro por la presunta violación de topes en su campaña presidencial. Mientras Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico y coordinador del grupo investigador, proponía cerrar el expediente mediante una decisión inhibitoria, Arizabaleta solicitó lo contrario. En un documento que pasó relativamente inadvertido fuera de los círculos políticos sostuvo que la etapa preliminar había reunido suficientes elementos para vincular formalmente al presidente al proceso y llamarlo a indagatoria.