El debate sobre las posturas antiderechos de Abelardo de la Espriella
La posiciones ideológicas y políticas de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo sobre temas como el aborto y la adopción igualitaria, que ya son derechos adquiridos ratificados por la Corte Constitucional, generan preguntas sobre qué podría pasar en caso de ser elegidos en la Casa de Nariño.
Tanto Abelardo de la Espriella como su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, han dejado pocas dudas sobre su visión del país. En entrevistas y debates han defendido la concepción tradicional de la familia y cuestionado avances como el aborto y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Son posturas que conectan con una parte importante de su electorado, pero que también ponen en discusión derechos que, tras años de disputas políticas y jurídicas, hoy hacen parte de la vida de miles de colombianos.
El candidato ha dejado en claro que es “provida” y también ha dicho que respetará lo ya fallado. ¿A qué se refiere? A decisiones de la Corte Constitucional que ya sentaron la bases sobre estos asuntos y que, a pesar de estas, vuelven a debate en cada campaña electoral. ¿Cuál es el problema? Que aunque los candidatos pueden decir que “respetan, pero no comparten”, lo cierto es que, de llegar a gobernar, deberán hacer efectivas las medidas necesarias para profundizar los derechos ya adquiridos del grupo poblacional que no representan.
No se trata de debates abstractos. El aborto está despenalizado hasta la semana 24 desde 2022; la adopción igualitaria fue avalada en 2015 y el matrimonio entre parejas del mismo sexo es legal desde 2016. A ello se suma una amplia jurisprudencia que reconoce derechos patrimoniales y pensionales para las parejas gay. Esa realidad implica un avance en materia de derechos que es innegable y que choca cuando personas que pueden llegar al poder, como De la Espriella, hacen énfasis en la llamada “ideología de género”.
¿Qué ha dicho el candidato?
Un elemento importante para tener en cuenta es que, en la campaña, las propuestas formales y las opiniones se han mezclado. De la Espriella opina que, en su criterio, “los niños merecerían tener un padre y una madre”.
“Cuando yo no había tenido a mis hijos yo pensaba que era mejor que un niño que estaba tirado en un orfanato, para que no estuviera abandonado, que viviera con una pareja del mismo sexo. Cuando tuve a mi hija, entendí que un niño necesita las divisiones de roles”, dijo en una entrevista a Vicky Dávila.
Y añadió: “Yo creo que, si hay un sector de la sociedad que piensa igual que yo y quiere a través de los mecanismos constitucionales revisar eso, en mí encontrarán un defensor de la causa”. En ese sentido, expertos consultados precisaron que, si bien esa es la opinión legítima del candidato sobre el asunto, abrir la puerta a buscar una acción constitucional que busque una reversión o modificación de la adopción de parejas gay, es problemática y contrario a derechos ya adquiridos.
Además, la posición del candidato De la Espriella lleva a varias preguntas: ¿cuántas personas que comparten su posición esperan de él que los derechos ya mencionados se modifiquen de alguna manera?
Lo mismo pasa con el aborto. En entrevista en el programa Desnúdate con Eva, De la Espriella declaró: "Yo soy provida, pero la ley colombiana lo permite". Y José Manuel Restrepo afirmó en Bloomberg Línea: "Nunca he estado de acuerdo con el aborto. Respeto lo que hoy la Constitución señala, pero claramente mi posición ha sido siempre provida". En un eventual gobierno, ¿los hoy candidatos tomarán medidas para eliminar las barreras que siguen existiendo en el sistema de salud para que las mujeres puedan acceder al servicio?
Otro asunto que se le cuestiona a De la Espriella pasa por la 'ideología de género', que califica como una postura ideológica que supuestamente busca “contaminar” a los menores de edad sobre su sexualidad o la concepción de la familia. La expresión "ideología de género" es justo la empleada por quienes cuestionan decisiones de la Corte sobre derechos LGBTIQ+.
Si se revisa su programa de gobierno, no aparecen propuestas para modificar ninguno de esos derechos. Sin embargo, tanto en su página oficial como en numerosas entrevistas, De la Espriella ha defendido una visión del país anclada en la libertad, la fe, la patria y la familia tradicional, los pilares de una agenda cultural claramente conservadora. La tensión, en consecuencia, es clara: unos derechos adquiridos que no pueden echarse para atrás chocan con la postura ideológica del candidato. ¿Qué luchas emprenderán si llegan a ser elegidos?
La organización Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ+, expresó, por ejemplo, que el discurso público del candidato se construye alrededor de los valores tradicionales, sin que exista campo para la diversidad. Su análisis indica que, en su eventual gobierno, “los derechos LGTBIQ+ estarían en estado crítico con potenciales retrocesos”.
La JEP
Igual de problemática es la postura de eliminar o acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz que el candidato defendió públicamente al comienzo de la campaña electoral y que ahora no menciona tanto ni está en el programa de tres hojas que se encuentra en su página oficial.
De la Espriella ha dicho que "es un tribunal para lavarles las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc y perseguir a los héroes de la patria” y señaló: “Si yo puedo, en el marco de la Constitución y de la ley, acabar con ese bodrio, lo voy a hacer. Yo soy un hombre de leyes. Mi límite es la Constitución y la ley”.
De nuevo, el abogado se expresa hábilmente entre lo que quiere y lo que puede hacer. Como se sabe, la creación de la JEP es un componente del Acuerdo de Paz de 2016, incorporado al bloque de constitucionalidad y respaldado por compromisos internacionales que Colombia suscribió. La JEP fue ideada en el Acuerdo de Paz, creada por una reforma constitucional de 2017 que dispone que las instituciones creadas en el mandato de paz son obligatorias y que lo pactado debe cumplirse de buena fe y está reglamentada.
La JEP funcionará por diez años hasta 2019 y su mandato se puede extender por ley cinco años más. Eliminar la JEP es prácticamente imposible constitucionalmente e implicaría una reforma constitucional compleja y violar directamente esos acuerdos y obligaciones. Todo esto pone en riesgo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
En entrevista con CAMBIO, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió: “Con la propuesta de cerrar la JEP, las grandes damnificadas serían las víctimas de Colombia. A eso le están apostando: ¿a frustrar una demanda de justicia de 10 millones de personas?”.
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