“No hay indígenas de segunda”: el descontento de los wayúu con el decreto de Gustavo Petro que revivió la Línea Negra

La firma del decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro restableció la protección jurídica de la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), desató una creciente tensión territorial y étnica en La Guajira. Mientras los arhuacos, koguis, wiwas y kankuamo de la Sierra celebran la decisión como un acto de justicia histórica, autoridades wayúu y comunidades afro denuncian que el nuevo decreto revive los mismos vicios jurídicos que llevaron a la caída de la norma anterior y, además, impone la visión territorial de unos pueblos indígenas sobre otros.

La Línea Negra (Sheshiza) es una demarcación compleja de definir. El Gobierno de Petro la ha descrito como "el vínculo vital que asegura la existencia cultural, espiritual y ambiental de los pueblos originarios de la SNSM" y como "un nuevo instrumento jurídico que protege los sitios sagrados".

El nuevo decreto fue firmado el pasado 19 de mayo, tres meses después de que el Consejo de Estado anulara el de 2018, expedido durante el gobierno Santos. El decreto impulsado por Petro intenta subsanar la incertidumbre sobre la delimitación sagrada que protege el territorio ancestral de los pueblos indígenas que viven cerca de la sierra y las omisiones sobre consulta previa en la pasada reglamentación.

El alto tribunal encontró que el anterior decreto “no contaba con una cartografía oficial” y que el decreto fue firmado por el presidente sin agotar el trámite de la debida consulta previa con todos los pueblos étnicos que tienen presencia cerca de la Sierra Nevada, y a nombre propio incluyó a las comunidades indígenas wayúu y chimila y a los consejos comunitarios de las comunidades negras.

Sin embargo, líderes sociales y autoridades étnicas aseguran que este Gobierno repitió buena parte de las fallas señaladas por el Consejo de Estado.

“Lo que hizo el presidente Petro fue reproducir todos los vicios que el Consejo de Estado había señalado”, dijo a CAMBIO el antropólogo Weildler Guerra. “Se utilizó la misma cartografía, los mismos sitios sagrados y nuevamente faltó una consulta adecuada con los wayúu”.

De 54 puntos a 348 sitios sagrados

Según Guerra, previo al decreto de Santos los pueblos de la sierra y los wayúu convivieron de forma pacífica y sin obstáculos para acceder a las zonas en las que ambas comunidades tienen interés espiritual y sin afectar la autonomía territorial de otros grupos étnicos.

Ahora, la controversia se centra en la extensión de la denominada Línea Negra. Según líderes wayúu, de los 348 puntos que componen el anillo sagrado, 181 de ellos se posan en territorios de gran importancia para sus resguardos indígenas, incluyendo zonas marítimas y costeras de La Guajira. “Los sitios sagrados pasaron de 54 (en la normativa de 1995) a 348 espacios, y muchos de ellos quedaron sobre territorios wayúu”, explicó.

Lo que cuestionan es que el decreto crea un modelo de gobernanza territorial que, en la práctica, otorgaría a los pueblos de la sierra (arhuacos, koguis, wiwas y kankuamo) participación sobre decisiones ambientales y económicas dentro de territorios históricamente habitados por los wayúu, incluidas visiones sobre puertos, gasoductos, proyectos de hidrógeno verde, explotación de sal, entre otros.

“El pueblo wayúu no es un pueblo de segunda”

La crítica más fuerte de los sectores wayúu es la que apunta a lo que consideran una jerarquización entre pueblos indígenas. Para Guerra, el Gobierno nacional terminó privilegiando la visión espiritual y territorial de los pueblos de la SNSM sobre la cosmovisión del pueblo wayúu. "Eso es imponer un punto de vista sobre otro".

—¿Las tensiones ideológicas y hasta espirituales pueden llevar a un choque entre los dos pueblos indígenas, como pasó en el Cauca, entre los misak y nasa?

—Creemos que la Línea Negra debe ser protegida y que esos pueblos tienen derecho a acceder a sus lugares sagrados. Pensamos que no hay ningún ánimo entre los dos pueblos de chocar. Lo que sí hay es una acción gubernamental que va a dividir a los pueblos y eso ya genera tensiones entre pueblos hermanos, que han tenido una relación fraternal, por políticas gubernamentales que privilegian una ontología del universo sobre otra. No hay pueblo indígena de segunda.

Los wayúu también defienden su relación histórica y cultural con el mar Caribe que tampoco, según esa comunidad, ha sido suficientemente reconocida por el Estado colombiano. “Los wayúu son un pueblo marítimo. Navegaron el Caribe, comerciaron con Curazao y Jamaica, conocen los fondos marinos, los jardines coralinos. Tienen lugares sagrados que recorren toda la costa de La Guajira hasta Los Monjes”, explicó Guerra a CAMBIO.

Según el antropólogo, mientras históricamente el Estado ha negado a los wayúu cualquier control sobre áreas marinas argumentando que el mar pertenece a la nación, el nuevo decreto sí otorgaría incidencia sobre esos espacios a los pueblos de la Sierra Nevada.

Protestas, bloqueos y asambleas permanentes

La tensión ya comenzó a sentirse en distintos puntos del Caribe. Comunidades afrodescendientes y consejos comunitarios de La Guajira anunciaron asambleas permanentes y protestas pacíficas tras denunciar que tampoco fueron consultados adecuadamente durante la construcción del nuevo decreto.

Según sus pronunciamientos, desde la expedición del decreto 1500 de 2018 han enfrentado dificultades para avanzar en procesos de titulación colectiva y acceso a tierras debido a las restricciones derivadas de la Línea Negra.

Ya se han registrado protestas en Riohacha y en la vía que conduce a Santa Marta.

En respuesta a las preocupaciones expresadas por sectores del pueblo wayúu, el Ministerio del Interior aseguró en un comunicado que "la norma no afecta derechos territoriales de terceros ni amplía el área de identificación espiritual de la Línea Negra", sino que corrige los vacíos jurídicos del derogado decreto 1500 de 2018. 

La cartera defendió que el texto fue construido con “equilibrio” y respeto por la cosmovisión de los cuatro pueblos originarios, mientras garantiza los derechos de todos los habitantes de la región, aunque no mencionó textualmente a los wayúu. El ministro también aseguró que continuarán los diálogos para generar "lazos de respeto y  y hermandad entre todas las comunidades".

Las autoridades wayúu y organizaciones afrodescendientes solicitaron la intervención del Consejo de Estado, la Procuraduría y otros organismos de control para revisar nuevamente el decreto y determinar si incumple la sentencia que anuló la norma anterior.