'ICE me dejó sin tratamiento para el VIH': colombiano denuncia maltratos y negligencia médica en centro de detención migratoria de Estados Unidos

“Me esposaron. Fue algo muy violento, algo que jamás en mi vida ni en mi país me pasó”. Así recuerda Diego* el día en que agentes de inmigración del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo detuvieron en California. Llegó a Estados Unidos huyendo del conflicto armado. Dos años después, terminó encerrado en un centro de detención para migrantes irregulares y ahora recibe atención psicológica tras esa situación que califica de traumática.

Diego, quien para dar esta entrevista pidió que su identidad fuera protegida, le contó a CAMBIO su historia luego de que en medios de comunicación se conociera el trágico final de Brayan Rayo, otro joven colombiano que estuvo detenido en una situación similar a la suya, pero que no soportó las precarias y deshumanizantes condiciones en el centro de reclusión y resolvió quitarse la vida.

Nació los Llanos Orientales en Colombia. Dice que decidió irse del país después de recibir amenazas y extorsiones. “Me estaban cobrando vacunas.  Los grupos ilegales empezaron a presionarme y prácticamente me tocó irme”, cuenta.

Eligió Estados Unidos como su nuevo destino porque creía que sería “un lugar más protegido”, especialmente por ser integrante de la comunidad LGBTIQ+ y solicitante de asilo. Pero se encontró con otra realidad que, al día de hoy, le sigue costando su tranquilidad y salud mental.

Para llegar a Estados Unidos atravesó el río Bravo, que funciona como frontera natural entre México y Texas y por el que arriesgan la vida miles de latinoamericanos en búsqueda del anhelado sueño americano. Cuando llegó a Estados Unidos, muy rápido empezó a trabajar en aplicaciones de domicilios mientras se acreditaba como asilado político. Según relata, en algo más de dos años de permanencia logró tramitar un permiso de trabajo temporal, licencia de conducción y nunca tuvo ningún antecedente criminal.

Sin embargo, en octubre de 2025 fue detenido por primera vez tras salir –sin darse cuenta, según dice– del área geográfica delimitada por la que tenía permitida transitar mientras se organizaba su situación migratoria. Por esa falta, la autoridad migratoria en California le exigió presentarse presencialmente en el despacho y así lo hizo sin reproche.

“Yo tenía un estatus bien, sin ningún reporte criminal. Incluso me presenté voluntariamente. Aquí no vale que usted tenga papeles o no”. En esa ocasión, Diego se salvó de quedar en detención porque, según cuenta, la cárcel para detenidos por ICE estaba abarrotada y al no tener camas disponibles, lo dejaron libre, pero le instalaron un grillete electrónico de manera indefinida. 

Cumplió dos meses con el dispositivo fijado a su cuerpo, vigilándolo las 24 horas del día, cuando recibió otra citación de las autoridades migratorias en San José, California. 

Era 24 de diciembre y, de nuevo, asistió voluntariamente, y sin aparente explicación, le dieron el peor regalo de Navidad: un arresto en una cárcel para migrantes en situación de irregularidad de Core Civic, un operador estadounidense de prisiones privadas y uno de los mayores contratistas de prisiones, cárceles y centros de detención con fines de lucro en Estados Unidos. 

"Ellos necesitaban sumar gente detenida"

“Para mí eso fue un secuestro. Yo ya estaba pagando el error que supuestamente había cometido. Pero ellos necesitaban sumar gente detenida, para ellos solo eran números y ya”, dice el colombiano de 43 años.

Diego permaneció detenido durante dos meses y 18 días en un centro de detención migratorio en California. Describe el lugar como una cárcel hacinada, con malos tratos, comida que "ni a los marranos se les da" y atención médica deficiente. “Nos maltrataban psicológicamente, verbalmente, nos gritaban, nos humillaban. Si uno pedía algo, lo ignoraban”, relata.

“Nos tiraban las puertas con los pies, nos lanzaban los papeles en la cara, nos desenchufaban los microondas. A mí me hacían sentir como menos por ser latino”, afirma. Cuenta que en cada celda convivían 88 personas de distintas nacionalidades y apenas había dos microondas para preparar y calentar comida. “Era terrible estar ahí anímicamente, más cuando uno sabe que no cometió ningún delito”.

“Nos maltrataban psicológicamente, verbalmente, nos gritaban, nos humillaban"

Uno de los episodios que más lo afectó fue la suspensión de su tratamiento médico. Diego vive con VIH desde hace más de 20 años y debe tomar un antirretroviral diariamente para asegurar que su estado de salud permanezca estable. 

Según denuncia en CAMBIO, pasó 15 días sin recibir la pastilla de Dovato, una omisión grave que puede causarle un rebote viral, que desarrolle resistencia a los medicamentos o hacer que el tratamiento pierda eficacia, de acuerdo con la información disponible del fármaco.

“Ellos sabían que yo convivía con VIH. Yo tenía miedo de una recaída o de que me pasara algo”.

El colombiano afirma que debió insistir repetidamente y hacer presión desde afuera con su abogado para recuperar su tratamiento y que la atención médica dentro del centro era improvisada y humillante. “Nos lo daban con las manos, sin guantes, sin tapabocas. Tocaba tomárselo con agua de la llave”, asegura.

La experiencia, dice, reactivó recuerdos traumáticos de su niñez en Colombia. Diego asegura que fue desplazado por la violencia cuando tenía 15 años y que presenció masacres y enfrentamientos armados.

“Eso fue como retroceder otra vez. Yo ya había vivido guerras, desplazamiento y muertos en Colombia. Nunca pensé que me iba a pasar algo así aquí”, cuenta. 

“Tengo 43 años y toda la vida he hecho deporte. Ahora me da miedo salir, me da miedo manejar, me da miedo ver una patrulla. Siento que en cualquier momento me vuelven a detener”, dice.

“He tenido que entrar a terapia. Le tengo pavor a ICE”

Diego logró recuperar su libertad después de que amigos en Estados Unidos reunieran más de 7.000 dólares prestados para pagar abogados federales que tramitaran su caso, teniendo en cuenta su buen perfil de comportamiento y las inconsistencias en la detención. Por suerte para él, una jueza ordenó finalmente su salida y le dio luz verde para que pudiera seguir tramitando su asilo político en libertad.

Sin embargo, la pesadilla y el proceso judicial aún no termina. Debe seguir presentándose con regularidad ante las autoridades judiciales y, en una de esas diligencias, el pasado 17 de abril volvieron a imponerle el grillete electrónico.

Para el estilista colombiano, esa es una marca que le recuerda todos los días la injusticia y la discriminación que viven los latinoamericanos en Estados Unidos. “Ya no me siento bien para hacer ejercicio, me da vergüenza usar shorts, he tenido que entrar a terapias psicológicas, he estado pidiendo ayudas. No salgo a conseguir trabajo porque siento que me van a rechazar porque tengo ese grillete”.

Dice que las afectaciones psicológicas tras la detención son tantas, que, cuando está en la calle o conduce su carro, teme caer en una de las redadas o toparse con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. “Le tengo pavor a ICE. Miedo es una palabra chiquita. Para mí eso es un mundo de demonios”, afirma.

Cuando se le pregunta si recomendaría a otro colombiano migrar a Estados Unidos en este momento, responde sin dudar: “En esta administración (la de Donald Trump), no. Le diría que busque otro lado. Aquí uno vive con miedo”.