Gustavo Petro pisa el acelerador para impulsar la campaña de Iván Cepeda

Pareciera que, aunque los presidentes tienen la difícil y compleja tarea de gobernar, a algunos lo que realmente les apasiona es el análisis político. Al menos esa fue la explicación que dio el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre lo que viene haciendo, desde hace un par de meses, el presidente Gustavo Petro en la campaña presidencial: “Él no está participando en política; está haciendo análisis político”, aseguró.

En realidad, aunque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió, en las últimas horas, una investigación de oficio contra el mandatario por presunta intervención en política de cara a las elecciones presidenciales –cuya primera vuelta se celebrará este domingo 31 de mayo–, es poco probable que el proceso tenga consecuencias de fondo. Tampoco se trata de una novedad en el sistema político colombiano. En la práctica, todos se meten a la cancha a jugar a favor de su candidato, pero a ninguno se le saca siquiera tarjeta amarilla. Y jamás a nadie se le pasaría por la cabeza expulsarlo del partido.

Históricamente, los presidentes han ejercido una fuerte influencia sobre esa célula legislativa, al extremo que se le conoce irónicamente como “la Comisión de Absoluciones”, debido a la escasa efectividad de sus investigaciones contra altos dignatarios del Estado.

En este caso particular, además, tanto el periodo del presidente como el de los actuales congresistas está próximo a terminar, por lo que todo indica que pocos estarán interesados en llevar el expediente hasta sus últimas consecuencias.

Aunque la Comisión de Acusación es el juez natural del presidente y el único órgano constitucionalmente facultado para investigarlo, se trata de una instancia con recursos limitados y profundamente atravesada por las dinámicas políticas del poder de turno.

Otra denuncia no se le niega a nadie

De hecho, allí cursan cerca de una docena de denuncias contra Petro, la mayoría relacionadas con presunta participación indebida en política durante la recta final hacia las elecciones presidenciales. 

También avanzan investigaciones sobre la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, en las que se sostiene que habrían sido ocultados más de 5.300 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta. A eso se suma otra denuncia basada en las cartas divulgadas por el excanciller Álvaro Leyva, quien insinuó presuntos problemas de adicción del mandatario a sustancias psicoactivas. Ese expediente se encuentra en etapa de recolección de pruebas y testimonios, pero en realidad duerme el sueño de los justos.

Pero, volviendo al tema de la participación en política, Petro no es el primero –y seguramente tampoco será el último– en acelerar a fondo para favorecer al candidato de sus preferencias.

Cuando era presidente, Iván Duque hablaba constantemente de los “autócratas regidos por las tres P: populismo, polarización y posverdad”, en una referencia apenas velada a Gustavo Petro. Cada vez que sus opositores lo acusaban de intervenir en favor de candidatos como Federico Gutiérrez y en contra del entonces aspirante de la izquierda, Duque respondía que simplemente estaba haciendo “análisis político”. Incluso iba más allá y presentaba sus intervenciones como reflexiones intelectuales.

Con frecuencia apelaba al libro La revancha de los poderosos, del venezolano Moisés Naím. El mandatario del Centro Democrático aseguraba que en sus ratos libres se nutría de textos como ese, que describen “la demagogia, el populismo, la posverdad y la polarización”. Y volvía y ponía el énfasis en la letra P, la primera del apellido de Petro.

Uribe: Mockus es un caballo discapacitado

Más directo –y menos sofisticado– fue el entonces presidente Álvaro Uribe cuando respaldó abiertamente la candidatura de su exministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien competía contra Antanas Mockus en medio del auge de la llamada Ola Verde.

Diez días antes de la primera vuelta de 2010, Mockus reconoció públicamente que padecía párkinson. Uribe, quien ya venía lanzándole indirectas, pronunció una frase que desató aplausos entre sus seguidores e indignación entre sus detractores:  “Esto necesita continuidad, esto no es flor de un día, esto no es un esfuercito de caballo discapacitado”. 

¿Cuál es el problema de fondo? La prohibición de participación en política por parte de funcionarios públicos tiene raíces profundas en la historia constitucional del país y está asociada a los temores históricos sobre el fraude electoral y el uso indebido del aparato estatal.

Durante el siglo XIX y buena parte del XX era común que militares, jueces y funcionarios del gobierno utilizaran su poder para inclinar las elecciones en favor de determinados candidatos.

¿Una historia sin actualizar?

La Constitución de 1886, reformada en 1945, ya establecía que los funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público no podían participar activamente en partidos políticos ni intervenir en controversias electorales, salvo mediante el voto. La violación de esa norma era causal de mala conducta y podía ocasionar la pérdida del empleo.

Posteriormente, el plebiscito del primero de diciembre de 1957 reforzó esa lógica al prohibir a empleados y funcionarios públicos de carrera participar en actividades partidistas. La Constitución de 1991 mantuvo esa restricción en el artículo 127, que regula la relación entre los servidores públicos y las contiendas electorales.

La lógica detrás de la norma es clara: un funcionario que utiliza recursos del Estado, información privilegiada o su autoridad para favorecer a un candidato rompe la igualdad entre competidores.

Esa es precisamente la discusión que hoy tiene en el centro de la polémica tanto al presidente Petro como a varios integrantes de su Gobierno, entre ellos el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Desde distintos sectores políticos arrecian las críticas. “Es una clarísima violación de la ley. No solo opinó sobre la candidatura, sino que además mintió sobre mi persona en un acto sistemático de difamación”, afirmó la candidata Claudia López. “Este Gobierno participa en política y nadie hace nada”, sostuvo la senadora Paloma Valencia.

Más vale tarde que nunca

A su turno, el representante Daniel Briceño aseguró que “la participación en política de varios funcionarios del Gobierno de Petro es tan grave como la ineptitud de los organismos de control para garantizar seriedad en la contienda electoral”.  Enrique Gómez, uno de los cuadros de peso de la campaña del candidato ultra Abelardo de la Espriella, celebró la reciente apertura de una investigación disciplinaria por parte del procurador Gregorio Eljach contra funcionarios del Gobierno por presunta participación indebida en política. “La medida llega un poco tarde, pero que mejor tarde que nunca”. 

En cada elección presidencial esta discusión vuelve al centro del debate público. Benedetti sostiene que llegó la “hora de sincerarnos”, en alusión a que las normas deberían actualizarse. Su argumento se interpreta en que, así como resulta evidente que el Gobierno busca favorecer a un candidato cercano, también es natural que un proyecto político quiera mantenerse en el poder y defender en las urnas la continuidad de sus ideas, como ocurre en muchas democracias contemporáneas. Y no de hacer las cosas de manera agazapada.

Mientras tanto, el país seguirá atrapado en una discusión cíclica. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han señalado que el presidente, en su condición de jefe de Estado y de Gobierno, puede defender sus tesis políticas, criticar a la oposición y promover su visión del país.

Sin embargo, la línea es delgada: lo que no puede hacer es llamar abiertamente a votar por un candidato específico ni utilizar recursos oficiales –como la Casa de Nariño o el avión presidencial– para actividades proselitistas.

El problema aparece cuando esa frontera entre opinión política y campaña electoral se vuelve difusa. Entonces, casi siempre, la explicación termina siendo realmente insólita: que solo estaban haciendo análisis político.