La disputa entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá por cancelación de entrega de laboratorio de robótica en colegio de Ciudad Bolívar
Un nuevo cruce entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá se desató tras la cancelación de una actividad en el colegio Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, donde el Ministerio de Ciencia tenía previsto entregar un laboratorio de robótica para estudiantes de la institución. Conozca los detalles.
Por: Nataly Ríos
La polémica comenzó luego de que la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, afirmara que se impidió el ingreso de un laboratorio de robótica y formación STEAM del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la Institución Educativa Sierra Morena para desarrollar una actividad previamente coordinada con la comunidad educativa.
Según la funcionaria, la jornada contemplaba la entrega de un laboratorio de robótica destinado a fortalecer las capacidades tecnológicas de los estudiantes de este colegio público ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.
El Ministerio de Ciencia tenía previsto instalar el equipo como parte del programa Colombia Robótica del Gobierno nacional. La iniciativa buscaba ampliar el acceso de niñas, niños y jóvenes a procesos de innovación, programación y nuevas tecnologías, además de fortalecer capacidades científicas y tecnológicas dentro de la comunidad educativa.
A través de sus redes sociales, Olaya aseguró que la discusión trasciende lo administrativo y logístico, y tiene un componente “pedagógico y social”. Además, defendió la iniciativa como parte de la estrategia del Gobierno para democratizar el acceso a la ciencia y la tecnología entre jóvenes de sectores populares.
“La ciencia y la tecnología no pueden seguir siendo privilegios distantes para las juventudes populares de localidades como Ciudad Bolívar”, manifestó la ministra. También cuestionó que la actividad fuera reducida únicamente a un “evento masivo”, pese a que, según indicó, existía articulación previa con la institución educativa.
De igual forma, a través de un nuevo pronunciamiento, Olaya aseguró que este jueves participará en una mesa técnica solicitada por estudiantes, familias y miembros de la comunidad educativa de Sierra Morena. La funcionaria reiteró que “la ciencia es un derecho” y defendió la necesidad de garantizar acceso a la robótica, la innovación y las tecnologías emergentes para jóvenes de sectores populares.
Además, la ministra hizo un llamado directo al alcalde Carlos Fernando Galán para evitar “bloqueos a la inversión pública en investigación científica” y aseguró que el Gobierno nacional seguirá promoviendo una educación pública “abierta al conocimiento, al diálogo y a la comunidad”. Según indicó, la democratización de la ciencia también implica escuchar a los jóvenes que reclaman mayores oportunidades para su futuro.
Asimismo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de su cuenta de X, denunció que funcionarios de la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar y directivos de la Institución Educativa Sierra Morena, habrían impedido la realización de una jornada para oficializar la instalación de un laboratorio de robótica.
Según MinCiencias, también se restringió el ingreso de estudiantes, docentes y padres de familia, situación que habría afectado incluso la entrega de raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La cartera aseguró que mantendrá su disposición al diálogo institucional y reiteró que el acceso a herramientas científicas y tecnológicas no puede convertirse en un privilegio para las juventudes de sectores populares.
Por su parte, la secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, rechazó las acusaciones y aseguró que desde el Distrito no existe oposición frente a proyectos científicos o tecnológicos para los estudiantes.
“Ministra, acá no le estamos cerrando la puerta a la ciencia, a la robótica ni a las oportunidades para las y los jóvenes de Ciudad Bolívar. Todas las dotaciones y proyectos que fortalezcan la educación pública son bienvenidos”, afirmó la secretaria.
La funcionaria explicó que la actividad contemplaba el ingreso de aproximadamente 1.500 personas externas al plantel y señaló que esto implicaba afectaciones a la jornada académica y a las condiciones de seguridad de la institución.
“Como Secretaría de Educación tenemos la responsabilidad de proteger el tiempo escolar, garantizar las condiciones de seguridad en las instituciones educativas y priorizar el derecho de las y los estudiantes a permanecer en clase”, afirmó Rubiano.
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