Elecciones 2026: ¿cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno en sus primeros cien días?
¿Qué debería atender con urgencia la próxima presidencia en sus primeros 100 días de gobierno? Valor Público, el centro de estudios de incidencia de la Universidad Eafit, buscó responder esta pregunta a través de 11 documentos técnicos que plantean soluciones estructurales para los grandes desafíos del país. Esto fue lo que encontraron los investigadores.
Por: Luis Chía
La carrera por la Presidencia está en su etapa final. Mientras las diferentes candidaturas exponen sus modelos de país, los colombianos se preparan para ir a las urnas. Más allá de los resultados electorales, quien se convierta en presidente el 31 de mayo ؘ–o el 21 junio, en caso de que se lleve a cabo una segunda vuelta–, recibirá una Colombia con retos mayúsculos que pondrán a prueba la capacidad de decisión y articulación de su gobierno.
Con el propósito de aterrizar cuáles deberían ser las prioridades del próximo mandatario, Valor Público, el centro de estudios e incidencia de la Universidad Eafit, trazó una hoja de ruta a través de 11 documentos técnicos elaborados por investigadores de la institución y de universidades aliadas. La investigación, titulada ‘100 primeros días para una Colombia posible’, presenta las agendas estratégicas para responder con propuestas concretas a los principales desafíos del país.
El documento de Valor Público sostiene que ese nuevo gobierno recibirá un país con una institucionalidad fuerte, pero con “fragilidades acumuladas” que necesitan corregirse de manera urgente y simultánea.
Para conocer cómo se construyeron los 11 capítulos, CAMBIO habló con Santiago Tobón Zapata, director de Valor Público. Para seleccionar los temas, explicó Tobón, se aplicaron tres criterios: “Que el diagnóstico estuviera anclado en datos que mostraran un deterioro o un riesgo inminente; que las propuestas identificaran los instrumentos jurídicos concretos y los responsables de implementarlas; y que reconocieran que las áreas no operan como espacios aislados. Por ejemplo, la seguridad condiciona la formalización laboral, y la política fiscal determina el espacio para salud y la educación”.
Tobón también sostiene que, aunque el gobierno no va a resolver los problemas del país en 100 días, sí tiene una oportunidad para pensar su capacidad de acción de cara al cuatrienio. “Obliga a separar lo que se puede hacer por decreto o ajuste administrativo, de lo que requiere de trámites legislativos, y de lo que necesita una construcción institucional de mediano plazo. Esa distinción, que parece técnica, es la que evita las agendas maximalistas que prometen todo sin secuenciar nada”, señaló. “Además, los primeros 100 días son el momento en que el gobierno tiene más capital político y menos resistencias acumuladas”.
¿Cuáles son las 11 agendas para los primeros 100 días del nuevo gobierno?
1. Política fiscal
La situación fiscal en Colombia no va por buen camino. Mientras el recaudo tributario disminuye, el gasto del Gobierno nacional aumenta, con un margen de maniobra reducido para la segunda mitad del año. De acuerdo con Valor Público, “el déficit fiscal dejó de ser cíclico y se convirtió en estructural”. Ante la agudización de esa brecha entre el recaudo y el gasto, la investigación propone devolverle la credibilidad al marco fiscal por medio de cálculos prudentes para definir el Presupuesto General de la Nación. También se recomienda crear una Comisión Independiente de Revisión del Gasto Público con un mandato de 12 meses.
2. Descentralización
Aprobada mediante Acto Legislativo el 3 de noviembre de 2024, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones aumentó los recursos del 26 por ciento al 39,5 por ciento sobre los ingresos de la Nación que se destinan para financiar sectores como la salud y la educación en departamentos y municipios. Desde Valor Público explican que dicha ampliación de recursos se dará en un país donde “coexisten municipios con burocracias consolidadas y otros con una fragilidad administrativa crónica”.
Para responder a esto, la segunda agenda propone incluir a los esquemas asociativos territoriales (EAT) como receptores de los recursos del SGP, así como la creación de una Superintendencia Municipal y la regionalización del Departamento Nacional de Planeación (DNP). La investigación advierte que la descentralización no puede construirse sobre el supuesto de que todos los municipios tienen las mismas capacidades.
3. Seguridad y justicia
La situación de seguridad en Colombia es crítica en tres frentes: el crecimiento de la extorsión como amenaza urbana, los máximos históricos de los cultivos de coca y las dificultades de la paz total en la negociación simultánea con actores armados. En este capítulo, los investigadores parten de un diagnóstico verificable: “Colombia no enfrenta solo un problema de violencia, sino también de capacidad estatal”. Por eso, Valor Público propone diez reformas para contrarrestar el crimen organizado y mejorar la seguridad del país. Entre ellas está derogar la Ley de Paz Total, crear el Ministerio de Seguridad y Justicia, hacer una reforma integral contra la extorsión, legalizar el cannabis recreativo, una reforma al sistema penitenciario y el desarrollo de una Sistema Nacional de Reducción de Violencia.
4. Salud
El sistema de salud del país atraviesa una coyuntura marcada por barreras de acceso, retrasos en la entrega de medicamentos, un alto gasto del bolsillo de los pacientes y presiones financieras sobre clínicas y hospitales. Según la investigación, es clave centrar los esfuerzos en un plan de choque para restablecer los flujos financieros, el acceso oportuno a los servicios del sistema y resolver la situación de las EPS intervenidas.
5. Educación
El panorama educativo del país evidencia profundos rezagos en el aprendizaje de competencias básicas que se acumulan desde la primaria y se acentúan durante las siguientes etapas educativas. La investigación presenta datos que ilustran las dificultades de aprendizaje en los primeros años: dos de cada tres estudiantes de tercer grado no alcanzan el nivel esperado en lenguaje, y 52 por ciento no alcanza el nivel mínimo en matemáticas. Valor Público propone intervenir de manera prioritaria en los primeros ciclos educativos, apostar por el cierre de brechas y construir un sistema de información y monitoreo del sistema educativo.
6. Energía
Desde Valor Público advierten que el sector energético en Colombia está atravesado por diversas tensiones en materia de oferta, firmeza operativa, inversión y sostenibilidad financiera. Para los investigadores, las prioridades del Gobierno durante sus primeros 100 días deberían ser: la gestión del riesgo ante un posible fenómeno de El Niño, sanear las finanzas del sector y reactivar la exploración de hidrocarburos.
7. Economía del cuidado
32,2 millones de personas realizan trabajos de cuidado no remunerado en Colombia. Las mujeres dedican siete horas y 44 minutos al día a esta actividad, en un país en el que al menos 16 millones de personas requieren cuidados prioritarios. En un contexto en el que la carga recae desproporcionadamente sobre las mujeres, la agenda propone: establecer un marco de funcionamiento para el Sistema Nacional del Cuidado; desarrollar inteligencia territorial operativa para identificar las brechas de cada territorio; implementar una estrategia de cambio cultural y crear plataformas para el cuidado rural.
8. Empleo
En un país que enfrenta altos niveles de desempleo e informalidad, Valor Público sostiene que se debe transformar la forma en que el Estado aborda el mercado laboral. En ese sentido, se destacan propuestas centradas en una intervención estatal más efectiva, la reducción de barreras para la formalización, una revisión de la institucionalidad salarial y facilitar el acceso al empleo para grupos históricamente excluidos, como los jóvenes.
9. Emprendimiento
El emprendimiento es quizá una de las mejores herramientas para dinamizar la estructura productiva de los países. En Colombia, la paradoja es que, aunque existe una alta actividad emprendedora, hay una baja conversión de estos negocios en empresas con capacidad para escalar. En ese sentido, Valor Público sugiere eliminar barreras regulatorias, movilizar capital hacia emprendimientos de alto impacto y crear el ‘Pasaporte de Innovación de Alto Impacto’, una visa especial para inversionistas y emprendedores que el próximo gobierno debería establecer en sus primeros 100 días.
10. Datos para el agro
Han pasado 11 años desde el último Censo Nacional Agropecuario. Hoy, 15 entidades generan datos relacionados con ese sector sin ninguna interoperabilidad. En momentos en que el catastro multipropósito avanza y la reforma agraria demanda información, y ante la entrada en vigor del Reglamento Europeo contra la Deforestación –una restricción con efectos directos sobre las exportaciones de café, cacao y ganadería– Valor Público propone tres acciones secuenciadas en 18 meses para transformar la manera cómo el país gobierna su sistema agroalimentario. Estas incluyen la creación de una autoridad de gobernanza de datos agroalimentarios, un Registro Único de Productores Agropecuarios y un mandato de interoperabilidad sectorial.
11. Finanzas del clima
La actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), el compromiso climático que Colombia presenta ante las Naciones Unidas bajo el Acuerdo de París, plantea al nuevo gobierno un reto: garantizar su implementación en medio de un panorama fiscal complejo. Los compromisos climáticos del país al año 2035 son ambiciosos: por ejemplo, la meta de reducir los gases de efecto invernadero (GEI) en un 51 por ciento. Para consolidar una arquitectura financiera e institucional, Valor Público propone 20 acciones en cinco pilares que incluyen la gobernanza climática, mercados de carbono, canjes de deuda por naturaleza y una estrategia de transición justa para la fuerza laboral.
Los documentos redactados por los investigadores de Valor Público son un insumo técnico que cualquier candidatura puede adoptar, evaluar, revisar e, incluso, rechazar. Desde la Universidad Eafit se insiste en que dichas agendas no constituyen un programa de gobierno, ni representan la posición de la institución.
“Las decisiones que se toman durante los primeros 100 días de gobierno, como qué se prioriza, qué se aplaza y qué se manda al Congreso primero, condicionan lo que se puede hacer en los cuatro años siguientes. Por eso pensamos este ejercicio como una guía de arranque, no como un plan de gobierno”, concluyó Santiago Tobón Zapata, director de Valor Público.
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