
Autoridades destruyen laboratorio en la frontera entre Colombia y Ecuador
La operación realizada por tropas del Ejército y las Fuerzas Armadas de Ecuador destruyó más de 1,8 toneladas de cocaína que pretendían sacar integrantes del frente Oliver Sinisterra por el Pacífico nariñense.
Por: Javier Patiño C
Tropas de la Fuerza de Tareas Hércules, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y de las Fuerzas Armadas del Ecuador, identificaron tres estructuras artesanales en la vereda Vayan Viendo, zona rural del municipio de Tumaco, Nariño.
Durante el desarrollo de la operación binacional, las tropas ubicaron y destruyeron un laboratorio ilegal para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, el cual, según información de inteligencia militar, pertenecería a la estructura Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, frente Oliver Sinisterra, con injerencia en la zona de frontera colombo-ecuatoriana.
De acuerdo con la investigación, en cuanto llegaron a la zona, los uniformados fueron atacados por un grupo de aproximadamente diez guerrilleros que custodiaban la estructura ilegal.
Durante varios minutos se presentó un cruce de disparos que los soldados pudieron controlar sin afectaciones. Los integrantes de la estructura ilegal emprendieron la huida a bordo de embarcaciones en las que cruzaron hacia territorio ecuatoriano, dejando abandonado el laboratorio y el material utilizado para la producción de cocaína.

Para las autoridades, con este resultado se afectan de manera directa las finanzas del frente Oliver Sinisterra, evitando que perciba cerca de 30.000 millones de pesos producto de las rentas del narcotráfico. “Este golpe representa un impacto a las economías ilícitas que sostienen las actividades criminales en el Pacífico nariñense”, dijo el coronel Jaison Leonardo Gómez Pérez, segundo comandante de la Fuerza de Tarea Hércules.
En lo corrido del año han sido destruidos 132 laboratorios de pasta base de coca, cinco de clorhidrato de cocaína y uno para el procesamiento de sustancias químicas, con una afectación total superior a los 67.000 millones de pesos a las estructuras que financian a los grupos armados organizados que delinquen en la región.
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